La descarbonización de la economía española, fruto de la transición a un modelo de energías limpias, y las políticas de reindustrialización marcan un punto de inflexión en el sistema eléctrico, cuyos actores urgen inversiones para acometer la que posiblemente sea una de sus mayores transformaciones desde la posguerra.

Pese a su complejidad técnica, las redes eléctricas, uno de los términos de esta ecuación, se han convertido en icono de los reclamos de un sector que, aun defendiendo su "altísima calidad", cree que pueden estar preparadas para hoy, pero no para cumplir con los objetivos fijados para el futuro.

Estas redes permiten que la electricidad llegue desde las plantas de generación hasta los usuarios, garantizando que una bombilla se encienda al accionar el interruptor, y aunque se suele hablar de ellas en genérico, las hay de transporte y de generación.

Según explican fuentes de Red Eléctrica, transportista único y operador del sistema eléctrico español, las redes de transporte llevan la electricidad en alta tensión desde las plantas de producción hasta las subestaciones de distribución.

Allí son las distribuidoras -hay más de 300 en el país, incluidas las vinculadas a los grandes grupos-, a través de sus redes de distribución, las que reducen la tensión a niveles aptos para su consumo, por ejemplo, en hogares.

El transporte

A tenor de Red Eléctrica, su red de transporte está compuesta por más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y unas 6.000 posiciones de subestaciones, lo que la convierte en "fiable y segura" y en un "referente en la integración de energía limpia".

Cualquier refuerzo debe incluirse en la planificación que, por ley, elabora para un sexenio cada cuatro años la Administración General del Estado, con participación de las comunidades autónomas, y que es aprobada por el Gobierno tras ser sometida al Congreso previo trámite de audiencia.

En el documento se establecen la mejora de las instalaciones ya existentes y las actuaciones necesarias para que grandes consumidores, generadores u otros agentes que cumplan con los requisitos cuenten con su respectiva conexión.

El plan en vigor tiene horizonte 2026; no obstante, el pasado abril, el Ejecutivo dio luz verde a su modificación puntual e incorporó 73 actuaciones, con una inversión asociada de 489 millones de euros, para ejecutar nuevos proyectos estratégicos de la transición energética y la cadena de valor industrial.

Distribución

Por su parte, Paloma Sevilla, directora general de Aelec, patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, pone en valor en una charla con EFE el papel de las redes de distribución, las cuales "tienen que ser la estrella" de una transición energética que el Viejo Continente ha basado en impulsar la electrificación.

"España tiene una red de altísima calidad", admite. Sin embargo, "está preparada para hoy, pero no para cumplir con sus objetivos", aclara Sevilla, que habla de metas relacionadas con la reducción de emisiones y con la conexión de nuevos proyectos industriales que recalan en el país y que necesitan electricidad.

En torno a esto último gira el debate, todavía candente, surgido tras los recientes cambios a la planificación de la red de transporte, en la que, lamenta Aelec, casi 6.000 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red planteados por las distribuidoras para atender a nuevas demandas de la industria que se han quedado fuera.

"Necesitamos adelantarnos", pide Sevilla, que entiende que España no puede permitirse perder inversiones de la industria, bien de aquella "a la que se quiere atraer y a la que hay que dar conexión o la que se quiere descarbonizar y a la que hay que incrementar su potencia", o podría deslocalizarse.

Tampoco de los centros de datos, cuya patronal, Spain DC, condiciona al despliegue de redes eléctricas la llegada de 38.000 millones de euros de inversión sólo a la Comunidad de Madrid.

Las inversiones en redes eléctricas

Aelec demanda una "planificación ágil", que no obligue a las industrias a esperar "cuatro o cinco años" para saber si contarán o no con acceso al sistema eléctrico, y una retribución de las redes que "permita acometer todo el desarrollo necesario".

El borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030 prevé inversiones acumuladas en redes -sin distinguir el tipo- por valor de 53.000 millones, a realizar por el sector privado y que, más tarde, se repercutirán en la factura eléctrica de los consumidores.

Y es que el cliente no sólo paga por su consumo, sino también por los cargos o costes de la política energética, y los peajes o cantidad a abonar por disponer de redes preparadas para el consumo, de ahí que la electricidad, por barata que esté, nunca sea gratis.

Sevilla recuerda que los distribuidores son una "actividad privada regulada", retribuidos conforme a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y tampoco pueden invertir lo que quieran puesto que esos costes "los paga el consumidor".

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de publicar una consulta previa sobre la modificación del límite de inversiones en redes, atendiendo una petición del sector, que entiende que el contexto, comparado con hace una década cuando se dispuso este 'tope' para cubrir el déficit tarifario, ha cambiado.

Salvando las distancias, las eléctricas encuentran ciertas similitudes en el esfuerzo actual con el de la década de los 40 del siglo pasado, en la posguerra española y europea, cuando surgieron los "gigantes nacionales", como la francesa EDF, y en España apareció Unesa, ahora Aelec, en 1944.

Pero aquí, a diferencia de otros colegas europeos, las diecisiete empresas existentes entonces no se unieron para crear una gran eléctrica nacional, sino que se aliaron para responder a las necesidades de la demanda y el sector eléctrico, sentencia Sevilla, que ve posible esta comparación "porque la transición de consumos no descarbonizados sí que puede llegar a un caso similar".