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Esta obligación, responde a dos motivaciones:

  • La primera, tratar de justificar (al menos en parte) el impacto en el medio natural que las grandes instalaciones renovables tienen; son muchas las voces que se han alzado en este sentido, a medida que el tamaño y el número de las instalaciones se multiplica.
  • La segunda motivación es la necesidad de buscar soluciones para lugares de “la España vacía”, que se acrecienta con el cierre de algunas centrales térmicas, que dejan un vacío económico (y demográfico) en algunas zonas. En este sentido, es interesante recordar que el ministerio de energía, lo es también del “reto demográfico”.

Es decir, el mensaje que el ministerio quiere mandar a la sociedad es “las renovables tienen cierto impacto paisajístico en tu comarca, pero a cambio generan empleo y riqueza en esa misma comarca”. Y además “hemos cerrado las centrales de carbón, que destruye empleos, pero a cambio, ponemos renovables, que también generan empleo”. Y para esto es muy útil que cada promotor cree un plan estratégico que cuantifique el impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial, porque estos valores los puede conocer (y agregar) el ministerio, y porque el propio promotor puede difundir estos mensajes a sus operarios, autoridades de la zona, subcontratistas, etcétera, para que el mensaje cale.

Medio año después el regulador abunda sobre esta política de tratar de forzar (y también poner en valor) a las renovables para que demuestren la riqueza local que generan. El Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, modifica el RD 1183/2020, de 29 de diciembre, que es el que regula el acceso a las redes eléctricas de las instalaciones renovables, mediante subastas. Estas subastas podrían exigir análisis del impacto socio-económico en el área y sus habitantes que se estima la instalación renovable tendrá. Bajo este análisis, el texto legal incluye el cálculo de empleos directos e indirectos y el impacto económico en el ámbito local, regional, nacional y comunitario.

De los análisis que hemos realizado en CREARA, se ve claramente, que una parte muy importante de los empleos que genera una instalación renovable están muy apegados al territorio específico donde se construye y que por tanto contribuye a la generación de riqueza local pues casi todos los promotores deciden subcontratar con empresas cercanas los trabajos de instalación, obra civil, mantenimiento eléctrico y vigilancia. También es destacable la riqueza a nivel nacional que se crea en labores más sofisticadas como ingeniería, desarrollo de patentes, o gestión de proyecto.

En este sentido es importante pensar que si bien las renovables vienen a resolver una buena parte del gran problema de las emisiones (porque la huella de carbono durante toda su vida útil es muy baja), no son perfectas, porque tienen un impacto paisajístico o incluso ambiental (aunque habitualmente son problemas pasajeros y armonizables con actividades ganaderas o agrícolas, y no son problemas permanentes, pues cuando se desmantelen, el problema cesa). No obstante, nos parece importante que los promotores de renovables se pongan en el lugar de la población local y traten de pensar en cómo su instalación puede contribuir a mejorar la situación de la zona (sin que haya que resolverla por completo), de modo que renovables, bienestar y medio ambiente caminen de la mano.

David Pérez es socio de CREARA ENERGY EXPERTS

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