Ribera responde a Ayuso y a Guardiola: las eléctricas deben asumir el coste de una prórroga nuclear

La Comisión Europea ha respondido a las comunidades autónomas de Madrid y Extremadura que la legislación europea prevé que los productores de electricidad asuman todos los costes que podría generar una hipotética ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, incluida también la gestión de residuos radiactivos.

"Cualquier coste adicional relacionado con la extensión segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía", explican la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, la española Teresa Ribera, y el comisario de Energía, el danés Dan Jørgensen, en una carta enviada a las presidentas Madrid y de Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, respectivamente.

La misiva del Ejecutivo comunitario, adelantada por El País / Cinco Días y a la que ha tenido acceso EFE, está fechada el pasado 25 de abril.

Da respuesta a otra carta previa enviada a Bruselas el día 7 de ese mes por las citadas presidentas autonómicas (antes del apagón eléctrico del 28 de abril) relativas a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas que reclaman Madrid y Extremadura, en oposición a la política energética del Gobierno central.

La contestación subraya que la Comisión Europea "no interviene en la elección de los Estados miembros de utilizar la energía nuclear en su combinación energética" y que, quienes lo hagan, deben cumplir con el marco jurídico de Euratom, en particular en lo relativo a "la gestión segura y responsable a largo plazo de los residuos radiactivos y el combustible gastado".

La política nuclear en España

"Las políticas nacionales deben garantizar, en particular, que los costes de la gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde su generación hasta su disposición final, sean asumidos por quienes generaron dichos materiales", añaden Ribera y Jørgensen.

La carta, breve y redactada en inglés, concluye subrayando que "la responsabilidad de estos costes, junto con cualquier coste adicional relacionado con la extensión segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía".

"Trasladar esta responsabilidad financiera a recursos públicos constituiría una ayuda estatal en virtud del derecho de la UE, ya que implicaría una compensación pública por una actividad económica privada, lo que supondría una ventaja económica para los productores de energía nuclear que sus competidores no reciben", razonan.

Cargar esos costes al erario público podría constituir una ayuda de Estado, y requeriría por tanto la "notificación previa y la aprobación explícita" de la Comisión Europea, cuya actual comisaria de Competencia es la propia Teresa Ribera, para "garantizar que sea necesario, adecuado, proporcionado y que no distorsione la competencia ni afecte al comercio en el mercado interior de manera contraria al interés común".