La Administración de Donald Trump ha reforzado el cerco a la participación china en el negocio petrolero venezolano al aprobar una nueva licencia general que autoriza determinadas operaciones con crudo de origen venezolano, pero excluye explícitamente a empresas controladas o asociadas con capital de la República Popular China.
La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, redefine el marco de las sanciones y abre la puerta a compañías occidentales ya implantadas en el país, entre ellas la española Repsol, siempre que cumplan estrictas condiciones legales y financieras.
La Licencia General 46, con fecha del 29 de enero de 2026, permite a entidades estadounidenses establecidas antes de finales de enero de 2025 realizar transacciones “ordinarias y necesarias” para la extracción, exportación, transporte, refinado y comercialización de petróleo venezolano, incluso cuando estas operaciones involucren al Gobierno de Venezuela o a Petróleos de Venezuela (PdVSA).
Leyes estadounidenses
El texto establece que los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses y que cualquier pago a personas bloqueadas será canalizado a cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos, evitando así ingresos directos y discrecionales para Caracas.
El giro más significativo de la licencia es la exclusión expresa de cualquier operación que involucre a empresas venezolanas o estadounidenses controladas, directa o indirectamente, por compañías chinas o que mantengan empresas mixtas con ellas. Esta cláusula supone, en la práctica, un veto a la participación de las petroleras de China en el esquema de flexibilización parcial de las sanciones, consolidando una estrategia de Washington orientada a limitar la influencia de Pekín en el sector energético venezolano.
Presencia histórica
En contraste, el nuevo marco beneficia a compañías europeas con presencia histórica en el país. Repsol, que mantiene proyectos conjuntos con PdVSA y ha operado en Venezuela bajo licencias específicas en años recientes, queda dentro del perímetro autorizado, siempre que sus operaciones se ajusten a los requisitos de la licencia y a las obligaciones de reporte establecidas. Estas incluyen la comunicación detallada de volúmenes, destinos, valores y pagos asociados a cada transacción cuando el crudo se exporte fuera de Estados Unidos, con informes periódicos a las autoridades estadounidenses.
La licencia también prohíbe expresamente esquemas de pago considerados no comerciales, como el uso de oro, criptomonedas o canjes de deuda, y mantiene el bloqueo de activos ya sancionados, subrayando que la apertura es limitada y reversible. Asimismo, excluye cualquier operación vinculada a actores de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, reforzando el carácter geopolítico del instrumento.
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