Un tribunal de EEUU tumba la orden de Trump para mantener abierta una central de carbón en Michigan

Un tribunal federal de apelaciones ha fallado por unanimidad que el Departamento de Energía de Estados Unidos se excedió en sus competencias al obligar a mantener operativa la central de carbón J.H. Campbell (1.420 MW), en Michigan, más allá de su fecha de cierre planificada.

La planta, propiedad de la utility Consumers Energy y en funcionamiento desde hace 64 años, iba a retirarse el 31 de mayo de 2025, un plan ya avalado por la Comisión de Servicios Públicos de Michigan y por MISO, el operador de red del centro del país, que había concluido que el cierre no comprometía la fiabilidad del sistema. Días antes de esa fecha, el Departamento de Energía invocó la Sección 202(c) de la Federal Power Act (una cláusula de emergencia reservada para riesgos reales de apagón) para forzar su continuidad, y desde entonces ha ido renovando la orden en tramos sucesivos de 90 días.

Un recurso de última instancia

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en un fallo emitido el viernes, consideró que no existía tal emergencia. La jueza Cornelia Pillard, autora de la sentencia, escribió que ese mecanismo de excepción "es, esencialmente, un recurso restringido y de última instancia", y recordó que son los estados, y no el Gobierno federal, quienes tradicionalmente deciden qué centrales se construyen, amplían o cierran.

El fallo anula la orden sobre la planta de Michigan, aunque no obliga a un cierre inmediato: Consumers Energy ha dicho que sigue cumpliendo la orden vigente mientras revisa la decisión judicial.

Un patrón que se repite

El caso no es aislado. Desde que Trump declaró una "emergencia energética nacional" el primer día de su segundo mandato, el Departamento de Energía ha usado la misma cláusula para mantener abiertas otras plantas de carbón y gas en Indiana, Pensilvania, Colorado y Washington, alegando la creciente demanda eléctrica de los centros de datos y la inteligencia artificial.

Varios de esos litigios, con argumentos jurídicos similares, estaban en pausa a la espera de este fallo, que sienta un precedente sobre los límites de esos poderes de emergencia.

La factura económica, ambiental y sanitaria del carbón

Según cálculos del Environmental Defense Fund, mantener la central de Michigan operativa ha costado ya unos 259 millones de dólares, que Consumers Energy pretende repercutir en la factura de sus clientes en Michigan y otros diez estados. La organización calcula además que la planta ha emitido, desde que se forzó su continuidad, mil toneladas de óxidos de nitrógeno, dos mil de dióxido de azufre y 140 de partículas, con un impacto sanitario estimado en un centenar de nuevos casos de asma entre los 3.000 vecinos de West Olive, la localidad donde se ubica.

El Departamento de Energía defendió la medida asegurando que sus órdenes de emergencia "han evitado apagones y probablemente salvado cientos de vidas" en picos de demanda. Grupos ecologistas contraponen esa defensa con otra decisión reciente de la propia administración: el pago de unos 4.000 millones de dólares a promotores para frenar proyectos eólicos marinos que, en conjunto, habrían podido abastecer a más de 15 millones de hogares.

Para Gavin McCabe, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, la contradicción "sugiere que hay un pretexto para ayudar a los partidarios de la industria del carbón". El Gobierno aún puede recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.