Ocho organizaciones ecologistas alemanas han instado al Gobierno de su país a oponerse a la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar el mercado de carbono de la Unión Europea (UE) en los sectores eléctrico e industrial. Las entidades advierten de que los cambios previstos podrían poner en peligro el objetivo climático comunitario para 2040.
En una carta abierta dirigida al canciller federal, Friedrich Merz; a la ministra de Economía, Katherina Reiche, y al ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, las organizaciones sostienen que las nuevas medidas de flexibilidad generarían un excedente de derechos de emisión. Como consecuencia, los sectores de la generación eléctrica y la industria no aportarían la reducción de emisiones que les corresponde para cumplir la meta climática de 2040.
El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS 1) constituye uno de los pilares fundamentales de la política climática europea y es una “historia de éxito”, ya que ha contribuido a reducir las emisiones, especialmente en la generación de electricidad. Así lo señalan los firmantes de la misiva, entre los que figuran las plataformas ecologistas DNR y Klima-Allianz, así como organizaciones como WWF, Germanwatch, NABU y BUND.
“Por ello, observamos con gran preocupación las propuestas de reforma del comercio de emisiones y la consiguiente amenaza para el cumplimiento de los objetivos climáticos”, afirman en la carta.
La reforma del mercado de carbono, en el centro de la agenda climática europea
La Unión Europea ha iniciado una revisión de sus normas climáticas y energéticas para adaptarlas al nuevo objetivo de reducir en un 90 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990. La reforma del sistema de comercio de emisiones ocupa un lugar central en este proceso y se perfila como una de las decisiones más importantes de la política climática comunitaria de esta década.
Ante las presiones de varios Estados miembros, entre ellos Alemania, y de sectores industriales que reclaman una flexibilización de las normas, la Comisión Europea presentó en julio sus propuestas de reforma.
Entre las principales medidas figura una reducción más lenta del límite máximo de emisiones a partir de 2030. El paquete también contempla nuevas fórmulas de flexibilidad, como contabilizar las absorciones de carbono y los créditos internacionales de carbono, conceder más derechos de emisión gratuitos a la industria y modificar la reserva de estabilidad del mercado, el mecanismo encargado de gestionar el volumen de derechos de emisión en circulación.
El Gobierno alemán ha recibido favorablemente las propuestas. El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, elogió las nuevas posibilidades de adaptación para la industria y defendió que «no todas las industrias pueden avanzar hacia la neutralidad climática al mismo ritmo».
Las organizaciones ecologistas, sin embargo, mantienen una posición mucho más crítica.
“Las medidas de alivio y la flexibilidad son necesarias. Pero no deben desequilibrar el sistema”, afirmó Jörg-Andreas Krüger, presidente de NABU. “Cada medida de alivio puede tener sentido por separado. Sin embargo, en conjunto, podrían debilitar considerablemente la trayectoria de reducción de emisiones del sistema de comercio y su capacidad para orientar las decisiones económicas”.
Riesgo de incumplir los objetivos de 2040
Las próximas semanas serán decisivas para las negociaciones entre los Gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Los ministros de Medio Ambiente de la UE debatirán la revisión del sistema de comercio de emisiones antes de la cumbre de líderes europeos prevista para los días 15 y 16 del mismo mes.
El proceso negociador se desarrolla, además, en un contexto político complejo, marcado por importantes elecciones nacionales en países como Francia, Polonia, Italia y España. En estos Estados, el avance de partidos críticos con la UE y con las políticas climáticas y de transición energética ambiciosas aumenta la presión sobre los Gobiernos en ejercicio.
Las organizaciones firmantes sostienen que los cálculos disponibles apuntan a que las flexibilidades propuestas —entre ellas, la venta adicional de derechos de emisión vinculados a emisiones negativas y el debilitamiento de la reserva de estabilidad del mercado— generarían un excedente de permisos de emisión.
“Esto significaría que, con las emisiones resultantes, la contribución de los sectores cubiertos por el EU ETS 1 al cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2040 sería insuficiente”, advierten.
Los ecologistas consideran, además, que recurrir a reducciones de emisiones en el extranjero y a las denominadas emisiones negativas constituye «una apuesta arriesgada por capacidades de reducción y absorción inciertas». A su juicio, estas opciones proporcionarían un margen de alivio desproporcionado a los sectores eléctrico e industrial frente a otros ámbitos, como la agricultura y la edificación.
Más presión económica para los hogares y los Estados
El incumplimiento de los objetivos de reducción en la generación eléctrica y la industria podría aumentar la presión financiera sobre numerosos países y ciudadanos, alertan las organizaciones. En ese escenario, la transición hacia los vehículos eléctricos y los sistemas de calefacción de bajas emisiones tendría que acelerarse para compensar el déficit de reducción en otros sectores.
Por ello, las ONG reclaman al Gobierno alemán que defienda un límite máximo de emisiones coherente con el objetivo climático de 2040, mantenga la trayectoria actual de reducción al menos hasta 2035 y excluya del cómputo tanto los créditos internacionales de carbono como las emisiones negativas.
La industria alemana pide una reforma más ambiciosa
La posición de las organizaciones ecologistas contrasta con la de una alianza de asociaciones empresariales alemanas, que a principios de este mes advirtió de que las propuestas de reforma de la Comisión Europea se quedaban cortas.
En otra carta abierta dirigida también al Gobierno, las organizaciones industriales expresaron especialmente su rechazo a la propuesta de vincular la concesión de derechos de emisión gratuitos adicionales al cumplimiento de obligaciones de inversión sostenible.
El debate refleja así las tensiones entre la necesidad de mantener la competitividad de la industria europea y la exigencia de preservar la eficacia del principal instrumento comunitario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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