Las asociaciones de renovables confían en que la información conocida sobre los informes que sustentaron la reforma del sector -que reflejan que uno nunca se elaboró y el otro está fechado con posterioridad a la normativa- refuercen su postura en los tribunales.
Según han indicado a Efe fuentes de las asociaciones, la aportación de información sobre estos informes al Tribunal Supremo, que había sido requerida en varias ocasiones, demuestra que el recorte retributivo al sector no estuvo justificado.
El director general de la patronal fotovoltaica Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado a Efe que "los jueces tendrá que ver la arbitrariedad del Gobierno y el mal uso de la discrecionalidad" en las normas en esta cuestión.
En su opinión, la falta de informes "pone en evidencia al Gobierno" porque "en su día el ministro (de Industria, José Manuel Soria) dijo para justificar la contratación de los informes el dar transparencia al proceso".
Ahora, en cambio "se ha visto (...) que ni transparencia ni objetividad", ya que el cálculo de la retribución "se ha hecho a la inversa", es decir, que primero se estimó el recorte y después se elaboraron los parámetros.
Para la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), la aportación de esta información implicará "que el Tribunal Supremo acabe reconociendo el oscurantismo del ministerio en este caso", porque "demuestra que la justificación que daba era mentira".
En su opinión, Industria no tuvo en cuenta los datos aportados por las consultoras porque "eran mucho menos perjudiciales" para el sector, es decir, que implicaban un recorte menor.
De hecho, subraya que cuando se aprobó la reforma eléctrica, en julio de 2013, ya existía una previsión de recorte de retribución renovable, mucho antes de que se elaboraran los informes, lo que demuestra que "esto no es más que un trampantojo".
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) apunta que "lo importante ahora es cómo juzgarán los tribunales estos hechos".
Asimismo, recuerda que el Gobierno rechazó la información aportada por la asociación sobre los parámetros de inversión realizada "porque contaba con los de las consultoras independientes" cuando "ahora se ve que los informes le fueron entregados después".
En junio de 2014, el Gobierno aprobó una reforma energética en la que, entre otras cuestiones, cambiaba el sistema retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de cobrar primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta.
Para calcular esta rentabilidad razonable, Industria utilizó un informe elaborado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) en el que se definían centenares de parámetros de inversión en los que se encuadraban las plantas, en función de su antigüedad, su ubicación o su tecnología.
Además, con el objetivo de apoyar la definición de estos parámetros, Industria contrató dos consultoras independientes especializadas en energía, Roland Berger y Boston Consulting Group, que tenían que elaborar sendos informes que nunca se publicaron.
Esta normativa ha sido recurrida en los tribunales por numerosas asociaciones y empresas, que habían reclamado reiteradamente a Industria la aportación de los informes al considerarlos relevantes para el procedimiento.
De acuerdo a la documentación aportada, el contrato con la consultora Boston Consulting Group fue rescindido y se desconoce si llegó a presentar conclusiones, mientras que el informe de Roland Berger está fechado en octubre de 2014, meses después de que se aprobara la normativa que teóricamente apoyaba.
Frente a esta situación, Industria ha defendido que la elaboración de la normativa renovable correspondía al IDAE y que el papel de las dos consultoras se limitaba a "contar con la referencia no vinculante de otras fuentes".
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