El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto por el que resuelve el procedimiento sancionador incoado por el cero energético que, en julio de 2020, se produjo en Tenerife, y en el que propone una multa de 6 millones de euros a la distribuidora de electricidad y de más de 10 millones a la generadora, en ambos casos pertenecientes al mismo grupo, Endesa.

El Gobierno canario ha calificado de muy graves las infracciones y, por ello, ha propuesto una sanción de 10 millones de euros a Unelco y de 6 millones de euros a E-Distribución Redes Digitales, por el incidente acaecido a las 9.41 horas del 15 de julio de 2020 en el sistema eléctrico de Tenerife.

Un incidente que ocasionó un cero energético en toda la isla, donde el suministro no se recuperó de forma plena hasta las 16.44 horas.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se explica que en la instrucción del expediente se acredita que E-Distribución Redes Digitales, SLU, es responsable por no haber deslastrado la demanda exigida en el Plan de Deslastre vigente aprobado por la CNE, lo que contribuyó a que el incidente derivase en una interrupción total del suministro o cero eléctrico.

También queda acreditada la falta de idoneidad técnica de la configuración del sistema de relés en sus instalaciones para cumplir con los objetivos de demanda a deslastrar establecidos en el plan vigente de la CNE, se agrega en el acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por esos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 6.000.001 euros por la comisión de dos infracciones muy graves.

En cuanto a Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, el procedimiento sancionador concluye que es responsable de originar la cadena de sucesos que provocó una reducción de la capacidad de generación disponible y una reducción del suministro que llevó aparejada una interrupción de éste, primero parcial y, finalmente, en forma de cero eléctrico.

Por esos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 10.002.751 euros por la comisión de dos infracciones administrativas muy graves.