Renovables

9REN presenta una nueva demanda de arbitraje contra España por la regulación de las renovables

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Planta fotovoltaica de 9REN en Italia.
Planta fotovoltaica de 9REN en Italia.

El **grupo 9 REN Holding ha presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la regulación renovable, con lo que el país suma once procesos en este organismo en el mismo sector. **Según información disponible en la página web del Ciadi, la demanda se registró ayer y el tribunal aún no ha sido constituido.

El Ciadi no aporta información sobre la nacionalidad del grupo, que de acuerdo a su página web cuenta actualmente con tres sedes en España -Madrid, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria- y dos en Italia -Milán y Bari-.

El grupo 9REN, especializado en energía fotovoltaica, nació en 2008 cuando el fondo de inversión americano First Reserve Corporation adquirió la empresa italiana Ener3 y la española Gamesa Solar. Suma y sigue

**Con esta demanda, España suma once procesos arbitrales en el Ciadi, todos ellos por violación de la Carta de la Energía. **Las anteriores fueron presentados por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas y Steag.

También cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.

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