El juicio contra una organización criminal que a través de empresas comercializadoras de electricidad habría ocasionado un perjuicio de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional.
Dieciséis de los diecisiete acusados alcanzaron acuerdos de conformidad con la Fiscalía y han asumido su culpabilidad y aceptaron la pena de 2 años de cárcel propuesta por el ministerio fiscal, por lo que es previsible que la sentencia se haga pública en breve.
La trama habría ocasionado un perjuicio de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol, según cálculos de Red Eléctrica Española (REE).
Según el escrito de acusación la actividad se desarrolló mediante una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo eléctrico y, posteriormente, dejaba de pagar parte de la energía y los servicios que debían abonar a otras empresas del sistema eléctrico.
Los piratas de la luz
La Fiscalía, que identifica a 17 acusados a los que atribuye delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo, destaca como presunto cabecilla de la trama a Esteban Roig Padrosa, para el que inicialmente se pedían 16 años de prisión.
De los más de 61 millones presuntamente defraudados, según ha cuantificado Red Eléctrica, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación, 17,29 a Naturgy y 4,84 a Repsol.
La trama habría desviado a distintas sociedades 50,3 millones de euros, cantidad que la Fiscalía atribuye a transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos lícitos.
El perjuicio no se limitaba a las empresas productoras, indica la Fiscalía, ya que también afectaba a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final de la electricidad.
El ministerio público sostiene que el objetivo era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino, desde centros situados principalmente en Barcelona y Madrid.
Se constituían o adquirían empresas y se depositaban las garantías iniciales necesarias para comenzar a operar, creando una apariencia de legalidad. A continuación, se ofrecían precios muy bajos para conseguir un elevado número de consumidores y aumentar la facturación.
Una vez captada la clientela, las empresas reducían progresivamente las compras de electricidad, llegando en algunos casos, según la acusación, a adquirir solo un 5% de las necesidades previstas, mientras seguían facturando a sus clientes.
Cuando una comercializadora acumulaba impagos y era inhabilitada, se trasladaban clientes y parte de la actividad a otra sociedad para continuar operando.
Los fondos se transferían a sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales, con el propósito atribuido de ocultarlos e introducirlos en circuitos económicos aparentemente legales.
El retraso de unos siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, explica el escrito, permitía prolongar la actividad antes de conocer el alcance completo de la deuda.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios