La Audiencia Nacional reanudará este lunes el juicio contra una organización criminal que a través de empresas comercializadoras de electricidad habría ocasionado un perjuicio de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol, después de que este pasado lunes fuera suspendido por una indisposición del fiscal.
En esa primera sesión, durante la que no se abordaron las cuestiones previas y se fijaron los días 19, 20, 21 y 22 de octubre para la vista, la Fiscalía adelantó que gran parte de los acusados habían alcanzado acuerdos de conformidad con el ministerio público.
Según el escrito de acusación de 69 páginas al que ha tenido acceso EFE, la actividad se desarrolló mediante una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo eléctrico y, posteriormente, dejaba de pagar parte de la energía y los servicios que debían abonar a otras empresas del sistema eléctrico.
Delitos de estafa, organización criminal y blanqueo
La Fiscalía, que identifica a 17 acusados a los que atribuye delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo, destaca como presunto cabecilla de la trama a Esteban Roig Padrosa, para el que pide 16 años de prisión.
De los más de 61 millones presuntamente defraudados, según ha cuantificado Red Eléctrica, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación; 17,29, a Naturgy, y 4,84, a Repsol.
La trama habría desviado a distintas sociedades 50,3 millones de euros, cantidad que la Fiscalía atribuye a transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos lícitos.
El perjuicio no se limitaba a las empresas productoras, indica la Fiscalía, ya que también afectaba a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final de la electricidad.
El ministerio público sostiene que el objetivo era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino, desde centros situados principalmente en Barcelona y Madrid.
Garantías iniciales necesarias
Se constituían o adquirían empresas y se depositaban las garantías iniciales necesarias para comenzar a operar, creando una apariencia de legalidad. A continuación, se ofrecían precios muy bajos para conseguir un elevado número de consumidores y aumentar la facturación.
Una vez captada la clientela, las empresas reducían progresivamente las compras de electricidad, llegando en algunos casos, según la acusación, a adquirir solo un 5 % de las necesidades previstas, mientras seguían facturando a sus clientes.
Cuando una comercializadora acumulaba impagos y era inhabilitada, se trasladaban clientes y parte de la actividad a otra sociedad para continuar operando.
Los fondos se transferían a sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales, con el propósito atribuido de ocultarlos e introducirlos en circuitos económicos aparentemente legales.
El retraso de unos siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, explica el escrito, permitía prolongar la actividad antes de conocer el alcance completo de la deuda.
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