La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha compartido con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, un decálogo con medidas para que España consolide "una industria competitiva de infraestructura de recarga".
Según ha informado en un comunicado, el encuentro con el ministro ha sido "una oportunidad" para avanzar en acelerar la adopción del vehículo eléctrico con una estrategia más amplia, "capaz de consolidar en España la industria que hace posible esa electrificación".
El documento ha sido elaborado a partir de las aportaciones de los fabricantes nacionales integrados en Aedive. Según afirma la asociación, España cuenta ya con capacidades industriales y tecnológicas relevantes en infraestructura de recarga y debe convertirlas "en una ventaja competitiva duradera".
"Sin una infraestructura de recarga suficiente, fiable, interoperable y tecnológicamente avanzada no es posible consolidar la movilidad eléctrica", ha trasladado. Por ello, la asociación reclama que este reconocimiento se traduzca en políticas específicas de apoyo, financiación e impulso industrial.
La recarga en España
El decálogo plantea impulsar una política industrial que promueva el diseño, la fabricación y el desarrollo de equipos de recarga en Europa, reduciendo dependencias externas, reforzando las cadenas de suministro y generando empleo cualificado e innovación. En paralelo, Aedive propone incorporar explícitamente a los fabricantes de equipos y soluciones de recarga a la Industrial Accelerator Act, para facilitar su acceso a instrumentos europeos de financiación, inversión e innovación.
Otro de los ejes del decálogo es la evolución de la contratación pública hacia un modelo basado en el valor y no exclusivamente en el precio inicial. Aedive propone que las licitaciones de infraestructura de recarga tengan en cuenta el coste total del ciclo de vida de los equipos --instalación, operación, mantenimiento, consumo energético, actualización y eventual sustitución--, además de parámetros como calidad, fiabilidad, interoperabilidad, ciberseguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y servicio posventa.
La asociación considera que este cambio permitiría que la contratación pública actúe como una verdadera herramienta de política industrial, favoreciendo soluciones más robustas y eficientes y evitando que el precio de adquisición determine, por sí solo, decisiones que tendrán consecuencias durante toda la vida útil de una infraestructura.
Aedive también ha planteado la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia justas para los fabricantes españoles y europeos. En este ámbito, el decálogo propone establecer un mecanismo nacional especializado de supervisión de equipos de recarga, capaz de realizar ensayos técnicos, coordinar campañas de inspección y emitir informes de seguimiento, tomando como referencia modelos europeos como el francés.
La propuesta pretende corregir las asimetrías existentes en la intensidad de la vigilancia del mercado y garantizar que las empresas que realizan un esfuerzo efectivo para acreditar la conformidad de sus productos compitan en igualdad de condiciones.
A ello se suma la petición de un marco regulatorio estable y armonizado, evitando interpretaciones divergentes, duplicidades y requisitos adicionales que puedan convertirse en barreras al mercado. Por ello, reclama una simplificación de los programas de ayudas e incentivos vinculados a la infraestructura de recarga.
"Aedive considera necesario reducir la carga documental, homogeneizar convocatorias y acortar los plazos de evaluación, resolución y pago para que los fondos públicos puedan movilizar con mayor rapidez inversión industrial y despliegue de infraestructura", ha apuntado.
La innovación
La innovación constituye otro de los pilares del decálogo. Aedive propone reforzar la I+D+i en ámbitos como la recarga inteligente y bidireccional, la interoperabilidad, la integración con la red eléctrica, la digitalización, el mantenimiento predictivo y la gestión energética, mediante mecanismos de financiación estables y una mayor colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, operadores energéticos y administraciones.
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