El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha valorado la intervención judicial de esta planta y la de Avilés, que en su día eran de Alcoa y vendió al Grupo Parter, que a su vez las transfirió después a Riesgo.
Con esta decisión judicial, Corbacho ve "evidencias claras" del "engaño" y la "estafa" que supusieron esas operaciones, en las que "se vaciaron" las factorías.
Por ello, además de la intervención del juzgado, reclama que entre la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Industria, a gestionar las plantas, para "salvaguardar" la actividad y los puestos de trabajo.
La medida judicial la ve "sorpresiva" aunque "esperada dada la deriva que estaban tomando las fábricas", con una situación "preocupante" dadas las "continuas paradas".
Dispuestos a colaborar "en todo lo necesario para salvar el futuro de la planta", el comité reclama "que se persone la SEPI para hacerse con la gestión de las plantas" y también la intervención de Alcoa, que cree la "gran responsable" de lo ocurrido.
Así, demanda la "máxima presión desde la autoridad laboral para hacer pagar al responsable de esta estafa". "La gran responsable es la multinacional Alcoa, como promotor y sostenedor de estos presuntos delincuentes. Obró de mala fe y nos llevó a un engaño tremendo", asevera el portavoz del comité.
En este sentido, interpreta que "Alcoa no quiere responsabilidad sobre el cierre de las plantas pero lo busca ante cualquier otra salida". "Busca a quien quiere vender y vende en las condiciones que pacta y al mismo tiempo patrocina a quien compra las plantas y los mantiene durante un tiempo", expone.
Por ello, insiste en que Alcoa, a su juicio, "debería ser una de las empresas intervenidas para dar solvencia a cualquier decisión judicial" que se tome.
RESPUESTA DE ALCOA
Por su parte, Alcoa asegura respetar las decisiones judiciales y cooperar con las autoridades. Fuentes de la compañía recuerdan que vendió las plantas de Avilés y A Coruña en 2019 a Parter Capital Group en una venta "que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores".
Posteriormente, según añaden las mismas fuentes, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.
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