Anpier pide extender 6 años más la retribución a las fotovoltaicas por los recortes

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier, ha pedido ampliar en seis años más el derecho a retribución de las plantas fotovoltaicas afectadas por los recortes, lo que supondría un coste para el sistema de unos 2.500-3.000 millones de euros.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha explicado esta propuesta durante su intervención en la presentación del informe "Contribución económica y social de las pequeñas instalaciones fotovoltaicas en España", elaborado por PwC para la asociación.

La asociación pretende que se compensen los ingresos perdidos por los productores por los sucesivos cambios regulatorios y que cifra en 25.000 millones.

El planteamiento de Anpier implica ampliar por un periodo regulatorio adicional de seis años la vida útil de los huertos solares, cifrada actualmente en treinta años.

La postura de Anpier

Para la patronal, ésto supondría para una planta tipo cuya entrada en operación se produjo en 2008 una ampliación de la vida útil regulatoria, es decir con derecho a seguir recibiendo retribución, hasta el año 2043.

La extensión de ese periodo regulatorio se aplicaría a plantas que entraron en operación de 2008 a 2013.

Martínez-Aroca ha recordado que la mayoría de la vida útil regulatoria de estas plantas vence entre 2037 y 2038, y ha señalado que la ampliación, por un subperiodo de seis años más y con un coste de 2.500-3.000 millones de euros para el sistema eléctrico, sería factible, dado que, cuando llegara a la fecha no habría déficit de tarifa ni costes por las nucleares, que actualmente pagan los usuarios.

El presidente de Anpier ha dicho que, aunque España no fue el único país que introdujo cambios en la retribución a las renovables, sí que es el que lo hizo con mayor agresividad y sin consensuarlos con el sector.

Ha indicado que en algunos países se pusieron límites de potencia en las instalaciones afectadas que exoneraron a las pequeñas, como en Francia o Italia; mientras que en España se trató igual a grandes que a pequeños.

En este sentido, ha señalado que los grandes promotores e inversores, que iniciaron arbitrajes internacionales acogiéndose a la Carta de la Energía, van a ser indemnizados con 8.000 millones de euros.

Anpier plantea esa extensión del derecho a recibir retribución a las instalaciones que entraron en operación de 2008 a 2013, incluidos, hasta un periodo que iría de 2038 a 2043, como una "medida equilibrada para compensar todos los años de recorte", que han supuesto 25.000 millones de euros.

Martínez-Aroca ha indicado que trasladarán en este año electoral su propuesta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; al Gobierno, en general; y al resto de fuerzas políticas.

El presidente de Anpier ha recordado la contribución que hicieron esas primeras instalaciones afectadas por los recortes para que evolucionara la tecnología y se rebajara su coste de 6 euros por vatio que costaba a por debajo de un euro por vatio en la actualidad.

Además, ha considerado que, si la electricidad generada por las fotovoltaicas no entrara todos los días al mercado mayorista, la energía costaría más a los consumidores.

Martínez-Aroca también ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que tutele la instalación de "macroplantas" solares y ha advertido del problema de precio que se generará, que afectará especialmente a los pequeños productores, cuando todas esas grandes instalaciones viertan al mismo tiempo y bajen el precio de la electricidad en el mercado.

En el acto de presentación del informe ha participado el economista Ramón Tamames, a quien Vox ha ofrecido ser el candidato a presidente del Gobierno en la moción de censura que va a presentar.

Tamames ha dicho a los productores fotovoltaicos asistentes que tienen que presionar para recibir una compensación por los recortes que sufrieron, al tiempo que ha manifestado que no se fiaría del actual Gobierno ni del que pueda venir.