La nueva ley de hidrocarburos diseñada por el régimen argelino, que confirma la apuesta por el mercado del petróleo y el gas frente a la tendencia mundial en favor de las energías renovables, ha desatado una agria polémica en el país, testigo de un sostenido movimiento popular de protesta que demanda cambios profundos, en particular en el marco económico y social.
Argelia, tercer productor mundial de crudo y depósito de energías fósiles de Europa, está sumida en una aguda crisis económica y financiera desde que en 2014 se desplomara el precio del barril de petróleo y el gas, materias que suponen el 95 por ciento de sus exportaciones.
Un agudo descenso que recortó sus ingresos y sacudió el obsoleto sistema socialista de subsidios a los productos esenciales -combustible, harina, agua, vivienda, transporte, alimentos básicos- con el que el régimen militar, en el poder desde la independencia de Francia en 1962, ha comprado tradicionalmente la paz social, en particular en épocas de zozobra económica y desencanto social como la actual.
Creyendo que se trataba de una coyuntura pasajera, el régimen -entonces liderado por el clan del presidente Abdelaziz Bouteflika- optó por recurrir a las abundantes reservas de divisas -calculadas entonces en unos 178.000 millones de euros- para mantener los subsidios y conservar esa tranquilidad que había comprado cara en 2011 para frenar las llamadas "primaveras árabes".
En 2018, apenas un año antes del estallido de la revuelta popular que ha facilitado la expulsión del poder del "clan Bouteflika", esas reservas se habían reducido a menos de la mitad sin perspectivas de que el mercado del petrolero se recuperara, como habían vaticinado los expertos del régimen argelino.
Los recortes, que han empobrecido a una población ya de por sí pobre pese al maná petrolero, se impusieron y el descontento creció.
Descartada la opción de acudir a la deuda internacional -una línea roja en el régimen militar argelino-, el nuevo gobierno ha optado por priorizar la inversión en las energías fósiles y ha aprobado una nueva ley que no solo fomenta nuevas prospecciones -algunas polémicas como la extracción de gas esquisto, cara y con gran impacto en el medio ambiente.
Si no que en teoría abre también el hermético mercado nacional de hidrocarburos con la intención de paliar el continuo descenso de la producción de los yacimientos en explotación, el retroceso de las reservas y el aumento de su consumo nacional.
Según cifras oficiales, Argelia ha agotado ya el 60 por ciento de sus reservas de petróleo y aumenta su consumo interno a un ritmo del 7 por ciento anual, una peligrosa combinación que conduce a que cada vez tenga más dificultades para cumplir con sus compromisos de explotación.
La nueva ley, que espera su aprobación final esta semana en el Senado, incluye importantes exenciones fiscales y aduaneras para las empresas extranjeras que deseen invertir en el sector argelino y facilita la transferencia de acciones de compañías extranjeras en caso de que fueran adquiridas por otras empresas.
Permite, asimismo, cambiar los antiguos contratos de concesión por otros con condiciones menos leoninas, aunque no abroga, como se informó en un principio, la norma que obliga a que haya un socio argelino y que éste posee al menos e 51 por ciento de la compañía compartida.
En este sentido, la ley conserva igualmente el artículo 51/49 que concede a la compañía estatal Sonatrach el derecho de tanteo y la capacidad de invalidar la venta o transferencia de activos y acciones de compañías extranjeras.
Incluye, sin embargo, exenciones de impuestos como el del IVA para las empresas que inviertan en actividades upstream (fase de investigación, exploración y perforación), el de actividad profesional y las tasas y derechos de aduana sobre las importaciones de materiales y equipos.
"Es inteligente, la ley simplifica también los procedimientos fiscales y la implicación de distintas administraciones, además de favorecer la flexibilidad entre Sonatrach y los socios extranjeros. El objetivo es más flexibilidad, más visibilidad y capacidad de atracción en un ambiente mundial marcado por el aumento de la concurrencia y la baja de precios del petróleo", explica a Efe el economista Mahfoud Kaoubi.
Su colega Said Beghoul, que tiene 27años de experiencia en Sonatrach, cree, sin embargo, que el nuevo marco legal solo ofrece oportunidades a pequeños grupos petroleros, ya que se centra en la fiscalidad y no en la búsqueda de nuevos yacimientos.
"Decir que esta ley atraerá como una varita mágica a los inversores no es cierto. Esta ley fascinará empresas asiáticas de menos peso que Sonatrach y no a grupos mayores como Exxon o BP que preferirán otros subsuelos", subraya a Efe.
"La fiscalidad es la segunda etapa, al inversor solo le interesa el volumen que va encontrar. Un socio, cuando llega, lo hace en calidad de geólogo. Los nuevos yacimientos son modestos, con pequeñas acumulaciones que no abren el apetito", recalcó.
Una crítica que también está en la calle, donde se al nuevo régimen de aprovecharse de este periodo de transición política y agitación social para aprobar un marco legal que le permitirá "esquilmar las riquezas petroleras", sin pensar en el futuro de las generaciones venideras.
Nacera Oaubou y Javier Martín / Agencia EFE
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