Argentina buscará este martes y el miércoles que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dicte medidas urgentes para frenar la explotación petrolífera autorizada por Londres en el suroeste del Océano Atlántico, incluido el proyecto Sea Lion, próximo a las Islas Malvinas, administradas por Reino Unido y cuya soberanía reclama el país sudamericano.
Las delegaciones de ambas partes se disponen a defender durante dos días en cuatro sesiones -dos de tres horas el martes y otras dos de hora y media el miércoles- sus posturas con respecto a los proyectos petroleros.
En el marco de las vistas orales, este lunes se completó la composición del tribunal, presidido por el camerunés Maurice K. Kamga, tras el juramento como jueces ad hoc del argentino Raúl Vinuesa y del británico Vaughan Lowe, quienes declararon integrar el grupo de magistrados para trabajar con "honor, imparcialidad y concienzudamente".
Según indicaron a EFE fuentes del tribunal, la decisión de la corte sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina podría hacerse pública entre mediados y finales de este mes.
El inicio de las excavaciones petrolíferas de Sea Lion, un proyecto frente a la costa operado por la petrolera israelí Navitas (65%), de la que también es socia la británica Rockhopper (35 %), está programado para principios de 2027 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago, tras aprobar Reino Unido en diciembre de 2025 la decisión definitiva de inversión.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de Argentina, María Ibarzabal Murphy, encabezará la comitiva argentina, cuya defensa está a cargo de un trío compuesto por Marcelo Kohen, jurista con experiencia como juez ad hoc del Tribunal del Mar; Nico Schrijver, expresidente del Instituto de Derecho Internacional de Ginegra; y Agustín Giustiniani, profesor de resolución de disputas internacionales.
¿Actividad ilegal o negocio comercial en las Islas Malvinas?
Argentina presentó en octubre ante el TIDM, órgano con sede en el norte de Alemania y donde se dirimen diferencias en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) -tratado de 1982 rubricado por Argentina y Reino Unido-, una solicitud de medidas cautelares destinadas a "impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental" de las islas.
La demanda de Argentina también pide que Reino Unido se abstenga de hacer uso de la información obtenida en las exploraciones ya realizadas.
Y que Londres deje de impedir a Buenos Aires cumplir con sus obligaciones en la protección y preservación del medio marino afectado por los proyectos, además de abstenerse de tomar más medidas que agraven la disputa territorial por las islas.
De la media docena de licencias que las autoridades británicas han concedido para la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, dos son relativas a Sea Lion, pero Argentina las rechaza todas al considerarlas proyectos "ilegales" y "unilaterales".
Reino Unido, por su parte, considera legítimos los planes porque constituyen una "actividad" comercial regulada bajo "la legislación de las Islas Falkland", denominación en inglés del archipiélago.
Una ofensiva de Argentina
El pasado jueves, el presidente argentino, Javier Milei, expresó, durante una visita a Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, su rechazo a los planes británicos, a los que acusó de "comprometer recursos naturales que pertenecen a los argentinos" y de "contradecir la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios