Argentina se inquietó por el intento de control de Repsol por Sacyr y Pemex

El secretario del consejo de Repsol, Luis Suárez de Lezo, ha asegurado que el Gobierno de Argentina contactó con la compañía preocupado por que el intento de toma de control de la petrolera por Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex) permitiera a una empresa mexicana hacerse con sus yacimientos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Suárez de Lezo, que ha comparecido como investigado por el presunto espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, ha dicho que la relación entre la constructora y Pemex era "un auténtico concierto hostil" que perseguía la desintegración de Repsol.

Esta pieza separada del caso sobre los negocios del excomisario José Villarejo se centra en el denominado "proyecto Wine", desarrollado entre 2011 y 2012, e investiga si Repsol y CaixaBank acudieron a él para desarticular "una estrategia de sindicación" de Del Rivero "para asociarse con Pemex" y conseguir "casi un tercio" de las acciones de la petrolera.

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En opinión de Suárez de Lezo, este movimiento empresarial buscaba trocear Repsol, separando la parte española de la argentina, y robar su tecnología de aguas profundas.

También habría afectado a los accionistas minoritarios, que no habrían recibido nada en tanto que la posición que Pemex y Sacyr negociaron en la petrolera española no superaba el límite que les habría obligado a lanzar una OPA.

Por aquel entonces, Repsol era propietaria de la mayoría de YPF, la primera empresa de Argentina, de ahí que se convirtiera en un tema estratégico para el Gobierno de aquel país, inquieto ante la posibilidad de que Pemex, una sociedad mexicana y estatal, pudiera tomar el control.

Sobre los encargos a la empresa de Villarejo, Cenyt, el secretario del consejo ha indicado que los conoció después, cuando el ex jefe de seguridad de Repsol Rafael Araujo le comunicó que iban a contratar a una compañía para que realizara trabajos de inteligencia sobre la maniobra de Pemex y Sacyr.

En cualquier caso, ha querido aclarar que el presidente, Antonio Brufau, no había dado previamente ninguna orden, y que fue el propio Araujo quien le confirmó que había contratado a una empresa reconocida, que trabajaba con otras grandes.

Siempre según las fuentes, Suárez de Lezo no puso obstáculos a su entonces jefe de seguridad, que no le comentó el objeto del encargo, sólo que era información empresarial de inteligencia.

Asimismo, ha relatado que sus despachos con Araujo eran orales, temporales y ejecutivos, y que en ellos éste le trasladaba únicamente información de carácter general.

Por el contrario, no ha podido explicar el motivo por el que Repsol pagó las facturas a pesar de que no consideraban relevantes los datos aportados por Cenyt.

Suárez de Lezo, que ha respondido a las preguntas de todas las partes a excepción de las de la acusación de Del Rivero, ha recalcado que no tuvo contacto con CaixaBank; sin embargo, no ha descartado que le dijera a Araujo que iba a recibir una llamada de su homónimo en el banco, Miguel Ángel Fernández Rancaño, como consta en el auto de imputación.

Finalmente se ha referido al segundo de los encargos a Cenyt, realizado por Repsol años más tarde, en 2014, y que tenía por objetivo conocer el paradero del consejero mexicano de Pemex que tras aterrizar en España se marchó a Alemania para asistir a un partido de fútbol en vez de acudir al consejo de la petrolera.

Ha rechazado así haber dado cualquier tipo de instrucciones para averiguar dónde estaba, a pesar de que había un "interés mediático".

INFORMACIÓN "DE COTILLEO"

Durante la jornada también ha intervenido el ex director corporativo de servicios patrimoniales de Repsol, Juan de Amunátegui, que ha contado que Araujo sólo le llevaba información a modo "de cotilleo".

Además, ha admitido que validó un factura por importe de 45.000 euros pero porque saltó como "seguridad/vigilancia" junto a otras en el sistema, pero que no vio el concepto concreto.

La ronda de declaraciones concluirá este viernes, con los interrogatorios al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al expresidente de CaixaBank Isidro Fainé.

Todos ellos fueron imputados el pasado mes por el magistrado, que entiende que "probablemente" en alguna de las conversaciones que Brufau mantuvo con Fainé "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses".