La Asociación para la Transición Energética (ATE) considera que hay que favorecer la seguridad jurídica ante los cambios regulatorios en el mercado eléctrico y vigilar los efectos de medidas como la de poner un tope al gas que puedan tener efectos negativos en las inversiones en renovables.
Esta asociación ha elaborado, en colaboración con el Instituto de la Ingeniería de España (IEE), unas propuestas que ha remitido a los ponentes del informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Comisión Europea (CE).
Para la asociación, sería necesario que en la reforma se introduzcan mecanismos que aborden el riesgo de que los estados miembros introduzcan "cambios regulatorios oportunistas" que desincentiven las inversiones en energías bajas en emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Las inversiones en renovables
También señala que, dada la "arbitrariedad de los países" al tomar medidas para amortiguar el incremento de los costes energéticos, sería "extraordinariamente importante" tener una única definición en la UE de crisis energética y una aplicación homogénea.
Aunque la Asociación para la Transición Energética considera positiva la propuesta de reglamento que ha presentado la CE, cree que hay que "alejarse de las tensiones coyunturales que el mercado ha vivido en los últimos dos años para hacer una reforma que sea profunda a largo plazo".
"La crisis pasada no puede ser el molde con el que se defina un mercado", dice esta organización en su documento, que también cree necesario eliminar o limitar el riesgo de competencia desleal asociado a las excepciones o rebajas de exigencias asociadas a las ayudas de Estado directas e indirectas otorgadas a sectores productivos para paliar el impacto del precio de la energía.
En este sentido, explica que la competencia desleal que provocan las ayudas públicas que los estados con capacidad económica, como Alemania o Francia, pueden dar a sus industrias afecta a la competitividad de las industrias de otros estados.
Por eso, dice que las ayudas que la Unión Europea autorice para para paliar el coste energético de la industria "no deben en ningún caso permitir lograr un precio para la industria de un país inferior a aquel que tienen los países de la Unión que más han avanzado en descarbonización".
El consumidor vulnerables
En el documento, la Asociación para la Transición Energética hace mención al consumidor vulnerable y señala que la UE es la que tiene que establecer los principios para su definición.
Para la asociación, "se requiere armonizar la calificación de 'consumidor vulnerable' bajo los estándares de Eurostat, aplicables en cada estado miembro en función de su nivel de renta real ajustada por paridad de poder adquisitivo y sus alternativas de consumo energético".
Además, dice que para los consumidores que requieren una protección especial por estar atravesando una situación de vulnerabilidad "la medida más eficaz son las ayudas directas por parte del Estado".
En España la protección se hace a través del bono social, unos descuentos en la factura de la luz que tienen que hacer las compañías eléctricas a los consumidores definidos como vulnerables, aunque en el caso de los que están en riesgo de exclusión social y son atendidos por los servicios sociales, el 50 % de la factura la financia la administración autonómica.
Por otra parte, la Asociación para la Transición Energética propone abrir lo más posible los servicios de los operadores de las redes de transporte de electricidad y de distribución para fórmulas de agregación de la demanda o servicios de congestión.
También considera conveniente abordar de forma común en la UE los peajes, cargos y fiscalidad de la electricidad "sin poner en tela de juicio la competencia de cada estado para definir su política energética y fiscal", pero asegurando que la fiscalidad no distorsiona los precios de las diferentes fuentes energéticas.
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