Berkeley eleva a 1.000 millones la indemnización que pide a España por su mina de Salamanca

El grupo minero australiano Berkeley Energía ha presentado formalmente un memorial de demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el que cifra en 1.250 millones de dólares estadounidenses (casi mil millones de euros) lo que pide a España.

Ya en mayo, Berkeley anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había iniciado este arbitraje contra España ante el Ciadi, y entonces avanzó una solicitud de compensación de 1.000 millones de dólares (unos 920 millones de euros), cantidad que ahora ha incrementado.

En el marco del procedimiento de arbitraje que tiene abierto en Washington por su mina de uranio en Retortillo (Salamanca), la compañía minera alega que las acciones de España contra su filial española y su proyecto en el país han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), según ha recalcado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Berkeley, abierta a encontrar una solución amistosa

A pesar de la disputa sobre las inversiones y la presentación de este memorial de demanda, Berkeley ha reafirmado que mantiene su compromiso con el proyecto de Salamanca y que está abierta a un "diálogo constructivo" con España.

En este sentido, ha indicado que está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución "amistosa" a la situación de los permisos y que mantiene la esperanza de que las conversaciones puedan tener lugar a corto plazo.

España tiene hasta julio de este año para responder al citado memorial de demanda o hasta octubre para presentar un memorial sobre la jurisdicción del procedimiento, si el tribunal del Ciadi ordena que se examinen y determinen estas cuestiones de jurisdicción antes de entrar a analizar la posible responsabilidad y los daños.

En este memorial de demanda, que ha sido presentado por la filial del grupo minero Berkeley Exploration Limited, la compañía incluye antecedentes fácticos del proyecto y la disputa; una declaración detallada de la base jurídica de la demanda interpuesta contra España; varias declaraciones de testigos clave e informes de varios peritos independientes que abarcan aspectos técnicos y regulatorios, y una evaluación de los daños.

En mayo, cuando Berkeley el inicio de este arbitraje, que previamente ya había ido avanzando al mercado, la minera apuntó que este procedimiento podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España.

España aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas.

Con las concesiones existentes, Berkeley defiende que los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían con base en la legislación anterior.

La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de ese año el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2021.