Borrell recurrirá la sanción por Abengoa: "Si hubiera tenido información privilegiada no habría perdido todo"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dicho que está estudiando con sus abogados cómo recurrir una sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con una operación con acciones de Abengoa, empresa de la que fue consejero.

Según avanzó el martes 'La Información', la CNMV le investigaba desde 2016 por sospechas de información privilegiada en una operación. El ministro ha detallado a los periodistas en el Congreso que la operación fue por un importe de 9.030 euros: "Era una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí, si hubiera tenido información privilegiada no lo habría perdido todo", ha dicho.

El ministro ha confirmado que en 2016 la CNMV inició "actuaciones administrativas" sobre una operación de la cartera de valores de "un familiar", que él administraba y "ha concluido que se produjo una falta administrativa".

Borrell no ha querido desvelar el importe de la sanción pero ha reconocido que es "bastante mayor" que los 9.000 euros de la operación en cuestión. Así, ha dicho que discrepa de las conclusiones e la CNMV y está estudiando con su abogado las posibilidades que ofrece la ley para recurrirla.

Por su parte, la CNMV ha emitido este miércoles un comunicado en el que confirma que el 13 de julio de 2017 inició un expediente administrativo sancionador, referido a una venta de acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros ordenada en noviembre de 2015 por Borrell.

La CNMV cree que conocía información no publicada

En dicha fecha, Borrell era consejero de la compañía y, a juicio de la CNMV, "conocía información relevante que todavía no había sido publicada". Las acciones vendidas no pertenecían a Borrell, "sino a una persona de su entorno cercano".

Además, precisa que la resolución del expediente, dictada el pasado día 27 de septiembre, no es firme, sino que el hoy ministro puede recurrirla en alzada ante el Ministerio de Economía y Empresa y, en su caso, posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.