Ya estamos en octubre y es pública la intención del Premier británico Boris Johnson. Ha dejado claro que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre. Si no es posible llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, tendrá que irse sin acuerdo y el gobierno se ha comprometido a prepararse para este resultado, “Whatever it takes” también en lo relativo a las emisiones de CO2 y la emergencia climática. ¿Y si hay prorroga? Vamos por partes.
Si el Reino Unido abandona la UE el 31 de octubre sin acuerdo, este dejará de ser parte del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS). Lo que significa que no habrá asignación gratuita británica para cumplimiento del 2019 y en adelante para sus instalaciones, ni para las aerolíneas que operen vuelos dentro del Reino Unido y entre el Reino Unido y el Espacio Aéreo Europeo.
Sin embargo, los requisitos de monitorización y reporting de emisiones para el 2019 y en adelante continuarán, permitiendo que el Reino Unido siga avanzando hacia su ambicioso objetivo neutralidad en carbono antes del 2050. Greta podrá dormir tranquila.
Además, se introduciría allí un impuesto a las emisiones de carbono (y otros gases de efecto invernadero en base equivalente de carbono) para los sectores implicados, excluyendo el sector de la aviación a partir del 4 de noviembre de 2019. La tarifa del impuesto este 2019 sería de £ 16 por tonelada (el impuesto para el 2020 sería anunciada más adelante). Sin acuerdo, las instalaciones perderán acceso al registro europeo y a sus cuentas GHG. Las empresas que deseen conservar el acceso a sus derechos de emisión deberán considerar abrir una cuenta en el registro de algún estado miembro.
En un escenario sin acuerdo, se espera que las instalaciones del Reino Unido vendan su excedente en derechos de emisión (aunque la mayoría de los derechos de emisión podrían haberse vendido o transferido ya a la Europa continental vía filiales). Además, los especuladores podrían reducir sus posiciones a largo. Aunque es imposible estimar la cantidad de derechos de emisión que podrían venderse en el mercado, si es realista afirmar que tendrían un efecto negativo a corto plazo en los precios del carbono. Por otro lado, algunos analistas añaden que la mayor parte de este efecto negativo ya podría haber sido descontado del precio.
Si el plazo de Brexit se extiende nuevamente o el Reino Unido negocia un nuevo acuerdo con la Unión Europea, las instalaciones británicas deberán cumplir con el esquema EU ETS hasta finales de enero (en el caso de una prorroga) o hasta el final del período de negociación actual. En este caso las instalaciones británicas tienen derecho a recibir las asignaciones gratuitas del 2019 y habrá subasta de los derechos correspondientes al Reino Unido. El volumen total de asignaciones británicas para el 2019 podría alcanzar los 150 millones de EUA. Si este volumen inunda el mercado en dos meses (o hasta el final del periodo de cumplimiento) ejercería una presión significativa sobre el precio del carbono. ¿Qué están haciendo las empresas y sus instalaciones en España? Planes de contingencia ante los distintos escenarios. Minimizar toda exposición a riesgo y e intentar reducir via precio, en caso de que el mercado lo permita, el coste de aprovisionamiento de derechos de emisión. Nadie esperaba al Brexit o a Trump, pero esta vez no nos pillará con el pie cambiado.
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