La Comisión Europea considera que el procedimiento seguido por el Gobierno español para valorar el impacto de las prospecciones que pretende realizar Repsol a 50 kilómetros de Canarias "se ha llevado a cabo de conformidad con las disposiciones de la directiva" de evaluación ambiental.
En respuesta a una pregunta del eurodiputado Ramón Tremosa, de CiU, a la CE, a la que ha tenido acceso EFE y que adelanta el diario La Provincia, el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, explica que la Comisión abrió una investigación sobre este asunto a raíz de varias iniciativas parlamentarias y quejas, con el fin de comprobar si las autorizaciones concedidas a Repsol cumplían la legislación europea.
"En el marco de esa investigación", dice Potocnik, "las autoridades españolas informaron de que el proyecto era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la directiva 2011/92/UE".
La Comisión, añade el titular de Medio Ambiente, ha dado por terminada esa investigación y, "según la información más actualizada disponible", tiene constancia de que "el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de ese proyecto ha concluido y en junio de 2014 las autoridades españolas competentes" hicieron público su dictamen, favorable a que se llevaran a cabo esas prospecciones.
"Sobre la base de la que dispone la Comisión, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se ha llevado a cabo de conformidad con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental", añade Potocnik.
Canarias, a lo suyo
El comisionado del Gobierno canario para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, habitual portavoz del gabinete de Paulino Rivero (CC) en la controversia legal abierta por las prospecciones petrolíferas, resta valor a esa contestación del comisario europeo: "Únicamente traslada la opinión y posición del Gobierno de España al respecto y no valora el fondo del asunto".
Ríos anuncia que el gobierno canario "volverá a activar las quejas presentadas ante la Comisión Europea", tomando como referencia el voto particular de los dos magistrados del Tribunal Supremo que discrepan de la sentencia que convalidó los permisos.
Esos magistrados sugerían que, antes de pronunciarse sobre este asunto, el Tribunal Supremo debería haber consultado al Tribunal de Justicia de la UE sobre si el procedimiento seguido por el Gobierno Español para recuperar las autorizaciones concedidas a Repsol hace ya 13 años respetaban o no las directivas comunitarias.
El gobierno canario defiende que no es así y que vulneran las directivas de Hábitats, Aves, Hidrocarburos y Proyectos y Programas.
El Ejecutivo autonómico, el Parlamento de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han expresado reiteradamente su rechazo a que se busquen hidrocarburos en esa zona del Atlántico, al considerar que ese proyecto pone en riesgo el rico patrimonio ambiental de la zona y la principal industria de las islas, el turismo, así como el suministro de agua a la población, que en buena parte depende de las desaladoras de la costa.
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