La Comisión Europea (CE) considera que los planes de incentivo a la compra de vehículos impulsados por energías alternativas que ofrece España son "a menudo muy limitados en el tiempo y en el presupuesto", según recoge las conclusiones de un informe elaborado por el Ejecutivo comunitario y consultado por 'La Tribuna de Automoción'.
En el documento, la CE destaca que una mayor duración de dichos planes de incentivo podría ofrecer "certeza" a los operadores, al tiempo que incrementaría la probabilidad de que las metas puedan alcanzarse.
España quiere tener entre 38.000 y 150.000 vehículos de propulsión alternativa para 2020 y alcanzar los 2,6 millones de unidades en 2030. En la actualidad, el parque automovilístico español cuenta con 12.883 vehículos de este tipo.
La publicación recuerda que Bruselas ha amonestado a España porque no ha incluido en su estrategia el número de puntos de caga para 2020, así como que la Comisión Europea considera la opción de "iniciar un proceso de infracción" por una "violación de un requerimiento básico de una directiva", en referencia a la normativa 2014/94, la cual solicita a los Estados miembro que expliquen sus planes en materia de energías alternativas.
No obstante, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por 'La Tribuna de Automoción' no creen que el Gobierno comunitario abra un proceso de infracción por dichos detalles contra España. Además, explican que no han fijado un objetivo cuantitativo porque prefieren centrarse en garantizar la circulación de vehículos eléctricos en aglomeraciones urbanas y en determinadas redes.
Por otro lado, el texto refleja que, a finales de septiembre de este año, había 118.000 puntos públicos para vehículos eléctricos en la Unión Europea, 3.458 para gas natural y 82 para hídrogeno.
Con las previsiones individuales de cada país se alcanzarían menos de 200.000 puntos para la carga de automóviles eléctricos en 2020, lo que, a juicio de Bruselas, es "insuficiente" para los cuatro millones de vehículos que habrá de esta tipología. El Ejecutivo comunitario señala que deberían existir 440.000 cargadores, lo que supondría un desembolso de 3.900 millones de euros.
Fuentes de la CE han aclarado a la publicación española que para cumplir con los pronósticos en materia de sistemas de recarga de vehículos eléctricos será necesario invertir 904 millones de euros antes de 2020.
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