La Comisión Europea ha considerado que la disminución de los precios de la energía a lo largo de este año 2023, así como un entorno económico "más incierto y el aumento de los costes de capital" han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, gas y carbón "a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes de beneficios extraordinarios de 2022".
En un informe para analizar la intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía que se adoptó por Bruselas hace un año a través de una contribución solidaria de estas empresas del sector, la Comisión subrayó que la evolución de los mercados de energía fósil muestra que la situación "es muy diferente" a la que era cuando entró en vigor la medida en octubre de 2022.
En el documento, la Comisión Europea indicó que el repunte de los precios de la energía en 2022, tras el impacto por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, presentó un entorno empresarial "único y favorable "para las empresas de combustibles fósiles, "a pesar de la incertidumbre reinante".
Así, estimó que como resultado, la crisis energética de 2022 ofreció "un telón de fondo perfecto para la creación de beneficios inesperados en toda la cadena de valor, superando significativamente las condiciones del mercado de la era anterior a la crisis", ya que algunas empresas estaban mejor posicionadas que otras para aprovechar su estrategia de cobertura y contratos a largo plazo "para asegurar condiciones favorables en medio de la volatilidad".
Moderación
Sin embargo, con la disminución gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 -que se mantienen por encima de los niveles históricos-, estimó que el entorno para la generación de beneficios extraordinarios "se ha moderado" en comparación con las condiciones extraordinarias del año 2022, ya que las empresas "tienen que adaptarse a un entorno económico más incierto y crecientes costes de capital".
Hace más de un año, en medio de la tormenta perfecta para los precios de la energía, la Comisión Europea propuso acabar de forma temporal con los beneficios extraordinarios de las energéticas, con un paquete de medidas enfocadas tanto al sector eléctrico como al de petróleo, gas y carbón.
En este sentido, impuso un impuesto mínimo del 33% sobre los beneficios excesivos generados por las actividades de los sectores del petróleo, el carbón y las refinerías, que serían redirigidos a los consumidores y las empresas más afectadas.
A este respecto, se recaudarían sobre los ingresos de 2022 que superaran un incremento del 20% sobre la media de los beneficios de los tres años anteriores y serían redirigidos a los consumidores de energía.
Medidas fiscales
En el caso de la electricidad, se fijó un límite de 180 euros por megavatio hora (MWh) a los ingresos de los productores de electricidad inframarginales, es decir, las tecnologías con menores costes, como las renovables o la nuclear.
En el caso de España, para las energéticas, se fijó un impuesto especial que grava con el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Mientras, para la generación inframarginal se aplica una minoración a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros/MWh.
En el caso del impuesto a las energéticas, Repsol ha sido la empresa más perjudicada y ha recurrido tal impuesto en instancias judiciales. Han sido numerosas las quejas ante "este injusto impuesto" y hace tan sólo unos días, su consejero delegado, Josu Jon Imaz afirmó que se lo llevaban los demonios cuando oía hablar de beneficios extraordinarios en Repsol.
Iases
01/12/2023