Bruselas encara el vacío regulatorio de los interconectores eléctricos con terceros países

La integración de electricidad renovable procedente de terceros países hacia la Unión Europea ha puesto en evidencia un vacío normativo que amenaza con ralentizar inversiones estratégicas para la transición energética. Un informe elaborado por los expertos Alberto Pototschnig y Leonardo Meeus para el Instituto Universitario Europeo y la Escuela de Regulación de Florencia (FSR, por sus siglas en inglés) confirma que los interconectores que enlazan redes europeas con países vecinos se encuentran, hoy por hoy, fuera del alcance tanto de la Directiva de Electricidad como del Reglamento de Electricidad.

Esta exclusión significa que normas esenciales de acceso a terceros, tarifas reguladas, separación de actividades, gestión de ingresos por congestión y mecanismos de asignación de capacidad no resultan aplicables a las infraestructuras transfronterizas situadas fuera del territorio de la Unión.

La revisión del Reglamento de Redes Transeuropeas de Energía (TEN-E) introdujo la figura de los Proyectos de Interés Mutuo, concebidos para infraestructuras que vinculan a la UE con países terceros. Sin embargo, la aplicación de este régimen es incierta, ya que se inspira en un marco normativo diseñado originalmente para los Proyectos de Interés Común, es decir, infraestructuras internas a la Unión, que sí están plenamente sujetas a la legislación comunitaria. A pesar de estas ambigüedades, la Comisión Europea ya ha concedido el estatus de proyecto de interés mutuo a varias interconexiones con países como Túnez, Egipto o Reino Unido.

Dos modelos conceptuales

El estudio señala que el futuro de estas conexiones puede desarrollarse a través de dos modelos conceptuales. En el primero, el interconector funciona como una infraestructura independiente de la generación eléctrica en el país tercero, con capacidad de transporte potencialmente abierta a distintos agentes. En el segundo, denominado proyecto comercial integrado, la generación renovable y el enlace transfronterizo forman parte de una misma iniciativa empresarial, de modo que la electricidad se destina exclusivamente al mercado europeo sin pasar por la red del país de origen. En la práctica, este último esquema convierte el interconector en un conector directo de plantas de generación renovable remotas hacia el sistema comunitario.

Ambos modelos podrían convertirse en referencias para la expansión de las importaciones de energía limpia, aunque su implementación dependerá de la existencia de acuerdos bilaterales sólidos entre la Unión y los países asociados. Estos pactos asimismo deberían garantizar seguridad jurídica, establecer marcos regulatorios compatibles y definir cómo se reparten los beneficios derivados del intercambio energético.

Interrogantes regulatorios

Más allá de la definición institucional, los autores del informe advierten de que persisten importantes interrogantes regulatorios. La diferencia en la definición de “interconector” entre la Directiva y el Reglamento de Electricidad genera interpretaciones opuestas sobre qué disposiciones podrían aplicarse, lo que incrementa la inseguridad para los promotores.

El TEN-E, por su parte, contempla mecanismos de reparto de costes y acceso a financiación europea, pero su adaptación a proyectos con terceros países resulta confusa.

Además, quienes desarrollen infraestructuras de exportación renovable podrían enfrentar un problema adicional: la falta de instrumentos de cobertura a largo plazo frente a la volatilidad de los precios eléctricos en distintas zonas de oferta europeas. En la actualidad, solo existen derechos de transmisión financiera a un año vista, una duración insuficiente para dar respaldo a contratos de compraventa que deben extenderse durante periodos mucho más prolongados.

Proyectos emblemáticos

A pesar de estas dificultades, Bruselas ya ha incluido en sus planes proyectos emblemáticos, como la interconexión entre Sicilia y Túnez conocida como ELMED, o el enlace Grecia-Egipto bautizado como GREGY, además de varias conexiones de alta tensión con el Reino Unido. Estos proyectos se conciben no solo como corredores energéticos, sino como piezas estratégicas para diversificar el suministro y acelerar la descarbonización del continente.

La falta de coherencia normativa, sin embargo, se perfila como un obstáculo serio. Según los expertos, la indefinición actual podría retrasar inversiones de miles de millones de euros en infraestructuras esenciales para que la Unión alcance sus objetivos climáticos. La Comisión Europea y los Estados miembros deberán actuar con rapidez para aclarar el marco regulatorio, definir derechos y obligaciones de los promotores y garantizar que la transición energética no se vea frenada por inseguridad jurídica.