Bruselas permite a España dar 5.600 millones más a empresas con elevado consumo energético

La Comisión Europea (CE) ha dado su autorización a España para ampliar en 5.610 millones de euros su programa de ayudas públicas a empresas intensivas en el uso de energía, lo que eleva hasta los 8.510 millones la dotación total del esquema de subsidios.

Bruselas dio en marzo de 2022 por primera vez su visto bueno a este esquema de ayudas de Estado, que contaba inicialmente con un presupuesto de 2.900 millones de euros, y ahora aprueba las enmiendas al mismo que había solicitado el Gobierno español, según informó la institución en un comunicado.

Las empresas con mayor consumo energético

El programa busca compensar a empresas con un consumo energético elevado por los elevados precios de la electricidad que resultan del mayor coste de los títulos que se negocian en el sistema europeo de emisiones (ETS, en inglés), en el que las compañías compran derechos que se van encareciendo progresivamente para impulsar el uso de otras fuentes con menos huella de carbono.

El esquema fue lanzado en 2021 y está previsto que se mantenga hasta 2030 para compensar parte de los costes indirectos de emisión registrados por cada empresa beneficiaria en el ejercicio anterior, por lo que el último pago tendrá lugar en 2031.

España notificó a las autoridades comunitarios dos enmiendas al programa: un aumento de su presupuesto de 5.610 millones para cubrir el aumento esperado de la cotización de los derechos de emisión y la inclusión de un nuevo requisito para recibir las ayudas, según el cual aquellas empresas que se beneficien de un desembolso de más de 30.000 euros tendrán que pagar a sus proveedores en un máximo de 60 días.

Bruselas concluyó que el programa "sigue siendo necesario y adecuado para apoyar a las compañías intensivas en energía frente a los elevados precios de la electricidad y para evitar que se relocalicen a países de fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas".

Además, los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario, que ahora dirige el comisario belga Didier Reynders, consideraron que las ayudas públicas "continuarán estando limitadas al mínimo necesario y no tendrán efectos negativos indebidos en la competitividad y el comercio dentro de la UE".