Bruselas pide facilitar las ayudas públicas para la eficiencia energética de vivienda social

La Comisión Europea (CE) quiere facilitar el despliegue de ayudas públicas para mejorar la eficiencia energética en proyectos de vivienda social o asequible, así como para el impulso de otras actuaciones medioambientales o de inversión en investigación y desarrollo, especialmente de pymes.

Así consta en el borrador que la institución ha elaborado y enviado para consulta pública con el objetivo de actualizar las normas sobre ayudas estatales que, por ser de pequeña cantidad, están exentas de pasar el examen previo de las autoridades comunitarias.

En el mismo, el Ejecutivo comunitario se plantea "ayudar a abordar la crisis de la vivienda permitiendo mayor intensidad de ayuda (pública) para medidas de eficiencia energética en proyectos de vivienda social o asequible y para empresas sociales que ofrezcan vivienda", explicó la institución en un comunicado.

Hacia la eficiencia energética

Entre los cambios propuestos por Bruselas también está la posibilidad de hacer más sencillas las condiciones para otorgar ayudas de pequeños importes a actividades relacionadas con el I+D y la protección del medio ambiente independientemente del tamaño de la empresa, pero con un acceso más fácil para "pequeñas empresas de mediana capitalización o las empresas sociales".

De hecho, las modificaciones que propone Bruselas ponen mucho énfasis en las pymes, para las que se permitirían instrumentos de financiación de riesgo "más flexibles" o "ayudas en forma de trato fiscal" para opciones de compra de acciones para empleados.

Por otro lado, el borrador facilita el despliegue de ayudas a energías renovables con un presupuesto global anual que ya no se limitará a 300 millones de euros, aunque sí habrá un techo de apoyo público por beneficiario.

Además, se eliminará la exclusión actual que pesa sobre empresas "jóvenes e innovadoras" de escasa capitalización que financian el desarrollo de productos con dinero efectivo en las subastas de ayudas públicas para I+D e innovación.

La actualización también prevé mayores incentivos al reciclaje y perfeccionamiento profesional de trabajadores, aumenta el tamaño de aeropuertos para que puedan acogerse a los procesos de ayudas públicas operativas y permite a los sectores agrario y pesquero acogerse a la mayoría de categorías de ayuda, entre otras cuestiones.

Esta propuesta de la Comisión Europea modifica el llamado reglamento general de exención por categorías (RGEC), que recoge las categorías específicas de ayudas públicas que son consideradas compatibles con el mercado interior siempre que cumplan determinadas condiciones, sin necesitar aprobación previa por parte de Bruselas.

La consulta pública lanzada hoy por el Ejecutivo comunitario finaliza el próximo 23 de abril y será adoptada definitivamente a lo largo de este año, puesto que el marco actual expira el 31 de diciembre de 2026.

Actualmente, la mayoría de las ayudas públicas desplegadas por los Estados miembros se hacen dentro de este bloque de excepciones.

En 2024, por ejemplo, los países concedieron 6.509 medidas sin necesidad de ser notificadas a la Comisión, una cifra que representa el 69% de todas las actuaciones.