Los embajadores de los Veintisiete se reúnen el miércoles para intentar una vez más desbloquear el vigésimoprimer paquete de sanciones contra Rusia o, en su defecto, extender el tope al precio del petróleo procedente de ese país, que caduca al día siguiente.
Los países llevan semanas intentando desbloquear las restricciones, propuestas por la Comisión Europea (CE) el 9 de junio y que incluyen medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en territorio comunitario de excombatientes prorrusos.
Ante la falta de consenso, los países acordaron el miércoles pasado prorrogar hasta el 23 de julio el tope vigente de 44,10 dólares, que vencía el 15 de julio, mientras continúan las negociaciones sobre las implicaciones económicas y técnicas de todo el paquete.
Principales escollos para aprobar las sanciones a Rusia
La propuesta inicial incluye ampliar las sanciones a bancos y criptoactivos, endurecer las restricciones comerciales y sancionar por primera vez el sector pesquero -incluido por primera vez en un paquete de sanciones-, además de vetar la entrada en la UE a los excombatientes rusos.
Además, se debate si congelar el actual tope de precio del petróleo ruso transportado por mar -el límite por barril que permite a las empresas europeas prestar servicios de transporte, seguros o financiación a los petroleros rusos- hasta enero de 2027, tal y como planteó originalmente la Comisión, o sustituirlo directamente por una prohibición de esos servicios.
La CE teme que la falta de acuerdo, unida a los bloqueos en el estrecho de Ormuz, dispare los precios del petróleo, presionando aún más el sistema energético europeo y beneficiando a Moscú.
En cambio, la alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, explicó el lunes de la semana pasada, en un Consejo de Ministros de Exteriores, que se habían retirado o suavizado varios escollos iniciales, entre ellos algunas medidas sobre el sector pesquero y el alcance del veto de entrada a la UE para los excombatientes, ante las dudas de los países sobre cómo identificar a los afectados y qué visados quedarían incluidos.








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