Desmintiendo bulos: los incendios no allanan el camino a las renovables

Cada verano, mientras los incendios forestales arrasan miles de hectáreas y conmocionan a la opinión pública, reaparece en redes sociales un rumor tan insistente como falso: que los montes se queman para abrir paso a macroplantas solares o eólicas. El relato, de apariencia simple y contundente, señala un supuesto interés económico detrás de las llamas: eliminar el bosque para convertir el terreno en negocio energético. Sin embargo, la realidad jurídica, ambiental y económica lo desmiente de forma rotunda. Quemar un monte no es, ni mucho menos, un atajo hacia las energías renovables, sino todo lo contrario: un obstáculo.

La Ley de Montes, aprobada en 2003 y reformada en 2015, es clara al respecto. Establece que cualquier terreno forestal incendiado queda protegido de un cambio de uso durante al menos treinta años. Con esta disposición, el legislador buscó precisamente eliminar cualquier incentivo para que un fuego pudiera servir de palanca especulativa. Solo existen excepciones muy restringidas: cuando el nuevo uso estaba ya previsto en la planificación urbanística previa al incendio o cuando se justifique por razones de interés público de primer orden.

Incluso en este último caso, la excepción debe aprobarse mediante una ley específica y conlleva la obligación de restaurar una superficie forestal equivalente. Es decir, lejos de facilitar recalificaciones —que representan sólo un 0,56% de todos los fuegos intencionados en España—, un incendio blinda legalmente el suelo durante décadas.

Calificación urbanística

A este blindaje normativo se suma la complejidad administrativa. La calificación urbanística es competencia de las comunidades autónomas, que deben seguir procedimientos largos, exhaustivos y sujetos a un intenso control ambiental. En la práctica, transformar un suelo quemado en terreno apto para proyectos energéticos es casi imposible.

Pero la legislación no es la única barrera. Desde el propio sector energético se insiste en que los incendios, lejos de abrir oportunidades, los complican todo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), patronal de la energía solar, recuerda que los suelos calcinados pierden firmeza, biodiversidad y nutrientes, lo que dificulta seriamente su aprovechamiento. La degradación del terreno implica riesgos de erosión, pérdida de estabilidad y necesidad de largos procesos de restauración. Para una empresa que busca invertir en una planta solar o eólica, este tipo de espacios son poco atractivos: no garantizan accesos viables ni seguridad técnica, y multiplican los obstáculos en los estudios de impacto ambiental, requisito imprescindible para cualquier proyecto.

Además de las dificultades técnicas y legales, está la cuestión de la rentabilidad. Las compañías del sector buscan suelos estables, con tramitaciones seguras y, sobre todo, próximos a infraestructuras de evacuación eléctrica. Un monte arrasado por las llamas, cargado de restricciones y exigencias, se convierte en un activo problemático y poco rentable. “Quemar un terreno no acelera nada, lo retrasa”, subrayan fuentes del sector.

Acceso y conexión a la red

El verdadero cuello de botella de las renovables en España está en otra parte. La legislación vigente, a través del Real Decreto 1183/2020, establece que ningún proyecto puede levantarse sin disponer de un permiso de acceso y conexión a la red eléctrica. Esa capacidad depende de los nudos gestionados por Red Eléctrica de España, muchos de los cuales se encuentran saturados. El problema no es, por tanto, la falta de suelo disponible —España tiene abundancia de superficie con alto potencial solar y eólico—, sino la imposibilidad de evacuar la energía producida.

De hecho, los datos muestran que la fotovoltaica ocupa hoy menos del 0,2 % de la superficie agraria útil en España, un porcentaje marginal si se compara con otros usos del territorio. En el caso de los viñedos, ocupan entre el 4-5%, los olivares ocupan más del 25%, los cereales más del 35%.

La idea de que las renovables “necesitan quemar monte” para abrir espacio carece de sustento: la implantación real de estas infraestructuras es mínima en términos de ocupación territorial y se lleva a cabo en suelos elegidos por criterios técnicos, económicos y de interconexión, no por su disponibilidad tras un incendio.

El debate sobre los incendios debería dirigirse, en realidad, hacia factores mucho más determinantes. Expertos forestales coinciden en que el problema de fondo está en la deficiente gestión y prevención forestal, agravada por décadas de abandono rural, acumulación de biomasa y falta de recursos para la limpieza de montes. A ello se suma el impacto del cambio climático —habiendo sido el mes de junio de 2025 el mes más cálido de la historia de España, seguido de un mes de julio marcado por la sequía—, que multiplica las olas de calor, prolonga las sequías y crea condiciones de riesgo extremo para la propagación de fuegos cada vez más virulentos. Estas son, hoy, las verdaderas causas que explican la magnitud y recurrencia de los incendios, no una supuesta estrategia especulativa de la industria renovable.