El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad está "analizando" la paralización de los pagos a la banca para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, para encontrar una solución. "Es una situación complicada", ha señalado.
Así lo ha indicado Gortázar en la rueda de prensa de presentación de resultados del pasado ejercicio de 2017, al ser preguntado por la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.
Al respecto, ha recordado que CaixaBank es una de las tres entidades afectadas por esta decisión, junto con Banco Santander y Bankia, y está "analizando el tema" porque es una situación "compleja" y "todavía es pronto" para ver qué solución encuentran. No obstante, se ha mostrado convencido de que hallarán una.
La banca acreedora de Castor está en conversaciones para ver cuál es el mejor camino para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.
La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonó a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.
De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes.
De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.
En comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinó este miércoles una "enorme litigiosidad" entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.
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