Canarias reclama a Industria que amplíe el plazo para la potencia eólica autorizada

Canarias no quiere que la burocracia de la Comunidad Autónoma sea la que impida que se cubran los 450 megavatios de potencia eólica autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para Canarias. Los parques que no dispongan antes de fin de año de una declaración de impacto ambiental positiva se quedarán fuera, según establece la orden del departamento que dirige José Manual Soria. Ante ese temor el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, solicitó con urgencia a Industria que amplíe los plazos. El objetivo: que los promotores de nuevos parques eólicos puedan inscribir sus proyectos en cuanto se abra el cupo este mismo mes y acceder a la retribución económica específica de 86 euros por megavatio hora prevista por el Gobierno central para las Islas.

El consejero mantiene que las razones que han motivado este tratamiento singular a las Islas "continuarán existiendo después de la fecha del 31 de diciembre", por lo que no habría razón para no conceder un par de meses más para cumplimentar todo el papeleo. "El principal argumento", añade, "es que en Canarias la generación de energía por fuentes renovables, después de ese límite temporal, seguirá siendo más barata que la convencional y reduce los costes del sistema eléctrico".

Con el fin de agilizar los trámites a los promotores, el Gobierno de Canarias e Industria alcanzaron el pasado julio un acuerdo por el que solo será necesaria la declaración positiva de impacto ambiental para proceder a la inscripción. "No esperar a tener la autorización administrativa agiliza en gran medida los plazos", asegura el consejero, que destaca el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo autónomo en la tramitación de estas declaraciones con el objeto de acelerar el visto bueno a los proyectos.

Con todo, su obtención por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) lleva tiempo y el temor de todas las partes implicadas es que, pese a los esfuerzos por desbloquear la producción de energía eólica en el Archipiélago, sea la enmarañada normativa regional la que finalmente lo impida.