El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado una modificación legal por la que se crea un impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña, que ha sacado adelante el PP gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL.
Han votado en contra de esta modificación el PSOE y Ciudadanos, que creen que con esta ley Castilla y León incurre en una doble imposición al considerar que ya existe un tributo de ámbito nacional en este mismo sentido, por lo que han dado por hecho que habrá recurso ante el Tribunal Constitucional.
Entre diez y quince millones pretende recaudar la Junta de Castilla y León con este nuevo impuesto, que según ha adelantado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, irán destinados a reactivar económicamente el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de Burgos.
La consejera ha defendido un impuesto cuya recaudación ya fue incluida en el presupuesto autonómico para el presente ejercicio, pero que en su elaboración definitiva ha contado con reparos legales por parte de los propios servicios jurídicos del Gobierno autonómico, del Consejo Consultivo y del Ministerio para la Transición Ecológica.
Durante su intervención para defender el proyecto de ley, Del Olmo ha asegurado que esta normativa sobre residuos nucleares no es distinta a las que están vigentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, y también ha mantenido que el hecho imponible de este nuevo tributo es "distinto" al impuesto nacional.
La consejera ha anunciado que rebatirá los argumentos dados por el Ministerio para la Transición Ecológica en un reciente informe y ha adelantado que espera "el mismo trato que Cataluña", en el sentido de que le Gobierno no recurra esta modificación legal ante el Tribunal Constitucional.
Tras criticar la falta de alternativas por parte del PSOE a su decisión de que la central nuclear de Garoña cerrara al no permitir la prórroga de actividad, la consejera ha pedido "que actúe ya" en la zona para proveer de una alternativa industrial a la instalación nuclear.
La portavoz socialista Virginia Jiménez ha dado por hecho que este impuesto va a ser declarado inconstitucional porque incurre en la doble imposición y ha atribuido su aprobación a la "pataleta" de la consejera tras darse cuenta de que la propietaria de Garoña, Nuclenor, cerraba por motivos económicos y la dejaba "con el culo al aire".
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