Castilla y León (241), Galicia (161) y Andalucía (153) son las tres comunidades autónomas con un mayor número de parques eólicos instalados en España, según un informe sobre potencia, generación y precios publicado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Estas regiones, junto con Castilla-La Mancha, que cuenta con otros 139 parques, siguen liderando con diferencia la producción ya que entre las cuatro generan el 69,75 % de la energía eólica española.
De los 22.986,51 MW instalados en España, 5.560,00 corresponden a Castilla y León; 3.806,54 a Castilla-La Mancha; 3.337,73 a Andalucía y 3.328,30 a Galicia. Ésta última es la única de ellas que ha visto incrementada su potencia a lo largo de 2014, en 14,18 megawatios (MW), el 51,60% del porcentaje total instalado el año pasado respecto a 2013.
Canarias con 11,5 MW (41,85 %) y Cataluña con 1,8 MW (6,55 %) completan este aumento aunque en el segundo caso se trata de "aerogeneradores aislados y aumentos de potencia nominal".
Parón inversor
Según el documento, con tan solo 27,48 MW nuevos respecto a 2013, este incremento se puede calificar de "insignificante" por constituir "el menor crecimiento en veinte años" en España. Respecto al número total de aerogeneradores instalados es de 20.266, pero en 2014 sólo fueron colocados 13, frente a los 83 de 2013, los 576 de 2012, los 581 de 2011, los 827 de 2010 y los 1.332 de 2009.
Pese a los datos de 2014, este tipo de energía renovable se situó, después de la nuclear, como la segunda tecnología del sistema eléctrico en el año por generación y, en el mercado internacional, España es el segundo país europeo y el cuarto del mundo por potencia instalada y generación.
En cuanto a promotores energéticos, durante 2014 Iberdrola continuó liderando la clasificación con un 23,98 % de la cuota de mercado, seguido por Acciona Energía (18,57 %), EDPR (9,13 %), Enel Green Power España (6,50 %) y Gas Natural Fenosa Renovables (4,27 %).
El informe insiste en que 2014 "pasará a la historia como el peor del sector eólico español" por culpa de la Reforma Energética puesta en marcha por el Gobierno debido a la "inseguridad jurídica que generó la modificación retroactiva del marco normativo" así como a "la adopción de un nuevo sistema retributivo que permite modificar las condiciones económicas cada seis años sin que se conozca la metodología" a utilizar para ello.
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