CCOO celebra la continuidad del acuerdo del carbón, pero quiere firmar los convenios de transición

Comisiones Obreras ha informado de que el Gobierno ha transmitido su voluntad política de dar cumplimiento al Acuerdo marco para la minería del carbón y las comarcas mineras, pero el sindicato ha apremiado a firmar los convenios de transición justa.

Estos convenios, lamenta CC.OO., se han visto retrasados por las elecciones generales del pasado 28 de abril, pero también por las municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Según ha informado la federación de industria del sindicato, el personal técnico sigue trabajando para empezar a desarrollar los mismos "en cuanto finalicen los comicios".

El compromiso del Gobierno fue trasladado este miércoles por el secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez, durante la cuarta reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo, que tiene previsto celebrar un nuevo encuentro el próximo 4 de julio.

223 personas en la nueva bolsa de trabajo

La reunión sirvió para confirmar la solución de los problemas detectados en el contador a cero de los trabajadores de empresas del anexo, y también para informar de que un total de 223 personas se han inscrito en la bolsa de trabajo, 61 de las plantillas del anexo y 162 de las subcontratas, la mayoría de las comarcas de Villablino y Cangas del Narcea.

Además, se constató que la planificación de las restauraciones no está sufriendo modificaciones y que podrían estar diseñadas a finales del mes de junio, con el fin de ponerlas en marcha en el segundo semestre de 2019. Será entonces cuando los excedentes de la minería cerrada vuelvan a trabajar.

Itinerario formativo para nuevas oportunidades industriales

En el transcurso de la reunión también se confirmó la planificación de un itinerario formativo en función de las nuevas oportunidades industriales que surjan en las comarcas mineras.

En este sentido, las comunidades autónomas de Asturias, Aragón y Castilla y León presentaron el pasado 30 de abril en Bruselas, junto a Gobierno, sindicatos y empresas de las regiones carboníferas, los proyectos para poder captar fondos de la Unión Europea.