CCOO pide elevar el rango a Ley del Decreto para evitar el cierre de térmicas

Los sindicatos erre que erre. Pese a que el RD de cierre de centrales está en contra de la legislación española y europea, no cesan en su empeño. La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha instado a todas las fuerzas políticas a alcanzar acuerdos en el Congreso para dar rango de ley al Real Decreto que elabora el Gobierno sobre el cierre de centrales eléctricas.

El sindicato se ha pronunciado así tras conocer el contenido del informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dice que los nuevos criterios del Ministerio de Energía le confieren una excesiva discrecionalidad y pueden ir contra la normativa europea.

Según CCOO, la postura de la CNMC "no es novedosa ni mucho menos" dado que este organismo "lleva mucho tiempo, beneficiando los intereses de las compañías eléctricas" que, advierte, "no dejan de ser un monopolio encubierto como sabe el organismo presuntamente regulador del mercado".

Además, acusa a estas empresas de manipular los costes de la energía "para aumentar injustificadamente sus beneficios" como es el caso de Iberdrola, la compañía que plantea el cierre de sus centrales térmicas de carbón en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), "y que está siendo investigada por dicho motivo.

Así, adelanta que en la reunión que mantendrán el próximo 30 de enero en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, le emplazarán a no usar como coartada el informe de la CNMC, "que no es vinculante", para desentenderse del cierre injustificado de las centrales térmicas de carbón.

El organismo de competencia afirma que los nuevos criterios adicionales que incluye el Ministerio de Industria para autorizar cierres, "no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente".

Actualmente, el criterio para denegar la autorización para el cierre de una instalación de generación es la seguridad del suministro, pero el proyecto de Real Decreto fija también como condición que no produzca un encarecimiento de los precios de la electricidad, reduzca la competencia, afecte al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación energética del país.