La Comisión Europea (CE) y las autoridades del consumidor de la UE han advertido por carta a 20 aerolíneas de que pueden exponerse a sanciones por medidas "engañosas" como ofrecer la posibilidad de pagar tasas adicionales a los pasajeros para compensar las emisiones de CO2.
El Ejecutivo comunitario ha tachado estas afirmaciones de "engañosas" para los consumidores por fomentar el 'ecopostureo' y ha instado a las aerolíneas a adaptar sus prácticas a la legislación comunitaria en un plazo de 30 días.
Bruselas ha decidido iniciar esta investigación preliminar tras recibir una alerta de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), liderada por la Dirección General de Inspección Económica de Bélgica, la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos, la Autoridad de Consumidores de Noruega y la Dirección General de Asuntos del Consumidor de España.
Las emisiones
Estas autoridades han mostrado su preocupación en relación a las afirmaciones de las aerolíneas de que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo podrían compensarse mediante proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles sostenibles, a los que los consumidores podrían contribuir pagando tasas adicionales.
A su juicio, estas acciones pueden considerarse "engañosas", prohibidas en virtud de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, mientras que las aerolíneas aún deben aclarar si tales afirmaciones pueden fundamentarse en pruebas científicas sólidas.
En concreto, tanto la Comisión como las autoridades del consumidor han identificado varios tipos de prácticas potencialmente engañosas por parte de 20 aerolíneas, tales como crear la impresión incorrecta de que pagar una tasa adicional para financiar proyectos climáticos con menor impacto ambiental o para apoyar el uso de combustibles de aviación alternativos puede reducir o contrarrestar completamente las emisiones de CO2.
Otras prácticas son la utilización del término "combustibles de aviación sostenibles" (SAF) sin justificar claramente el impacto ambiental de dichos combustibles o de los términos "verde", "sostenible" o "responsable" de manera absoluta o utilizar otras afirmaciones verdes implícitas.
También se investigan la alegación de que la aerolínea está avanzando hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero sin compromisos ni objetivos claros y verificables o la presentación a los consumidores de una "calculadora" de emisiones de CO2 de un vuelo específico sin pruebas científicas suficientes sobre si dicho cálculo es confiable.
Los siguientes pasos
Ahora, las empresas disponen de un plazo de 30 días para proporcionar una respuesta, en la que deben describir las medidas propuestas para abordar las preocupaciones que surgen de sus afirmaciones de "marketing ambiental" según la legislación del consumidor de la UE.
Una vez recibida su respuesta, la Comisión Europea organizará reuniones con las autoridades de representación de los consumidores y las compañías aéreas para discutir las soluciones propuestas por las empresas.
La Comisión también supervisará la implementación de los cambios acordados pero, si las aerolíneas involucradas no toman las medidas necesarias para resolver las preocupaciones planteadas en la carta, las autoridades de consumidores pueden decidir tomar medidas coercitivas que pueden incluir sanciones económicas.
España
A través de un comunicado, la Dirección General de Consumo en España, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha contribuido en la acción europea a la lucha contra el 'ecopostureo', eliminando este obstáculo para la transición verde y garantizando que "las personas consumidoras dispongan de una información medioambiental clara y veraz que les permita tomar decisiones informadas".
En la misma línea, la Secretaría General de Consumo y Juego presentó el pasado 15 de marzo la guía de comunicación medioambiental del Ministerio, dirigida a las empresas españolas para fortalecer su conocimiento sobre cómo proporcionar información medioambiental a los consumidores cumpliendo con la legislación vigente.
Esta guía persigue un triple objetivo: reforzar la protección de las personas consumidoras, especialmente las más vulnerables, mejorar la confianza de los consumidores en las afirmaciones y distintivos medioambientales y garantizar una competencia leal entre empresas.
Asimismo, en dicho acto, este ministerio anunció el inicio de la tramitación de la Ley de Consumo Sostenible, que regulará de manera concreta y exacta las prácticas comerciales de ecopostureo
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