Renovables

CECU reclama un sistema de ayudas públicas para simplificar la rehabilitación energética

La federación han reivindicado la instalación de energías renovables "fácil y transparente"

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La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), junto a la Alianza Por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y la Aliança contra la Pobresa Energètica, han reclamado un sistema de ayudas públicas que permitan simplificar los procedimientos de acceso a subvenciones para la rehabilitación y el autoconsumo energético.

La rehabilitación energética permite ahorrar más de un 75% en el consumo de calefacción

Lo han hecho a través de un manifiesto, bajo el lema 'Eficiencia burocrática, el camino hacia una eficiencia energética para todas' --en el marco de la Semana de la Pobreza Energética (del 17 al 23 de febrero)-- en el que han reivindicado la instalación de energías renovables "fácil y transparente", que asegure el acceso de toda la población a la eficiencia energética.

La tramitación de la rehabilitación energética

Las organizaciones denuncian en un comunicado las barreras económicas y burocráticas que impiden a las personas consumidoras vulnerables obtener las ayudas y acceder a la eficiencia energética.

Es por ello que han trasladado una serie de propuestas para superar esas barreras burocráticas, como facilitar formularios accesibles y comprensibles, unificar los procedimientos en todo el país o automatizarlos; y las económicas, como mejorar los criterios de renta para el acceso a subvenciones o que estas no computen a efectos del IRPF o impidan el acceso a otras ayudas.

Rehabilitación energética para la adaptación al cambio climático

Las subvenciones para la transición energética, indican, son esenciales para que todas las personas tengan la posibilidad de reducir la demanda energética de sus viviendas y ahorrar en las facturas, pero el sistema de ayudas actual es "injusto, obsoleto e ineficaz".

Según la OCDE, en España el 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las ayudas del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, denuncian las organizaciones.

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