CEEES exige al Gobierno seguridad jurídica para seguir vendiendo carburantes y no descarta medidas legales

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha exigido seguridad jurídica a la Administración para seguir vendiendo carburante, ante la situación de "caos y desconcierto" generado por la entrada en vigor del descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de carburante aprobado por el Gobierno, y no descarta la adopción de medidas legales contra una disposición "mal diseñada y peor ejecutada".

En un comunicado, la patronal de los gasolineros advierte de que si la Administración no atiende a su peticiones, "la inseguridad jurídica hará inviable seguir vendiendo carburante a apenas unos días de Semana Santa".

En concreto, exige a la Administración que garantice por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la reducción de 20 céntimos por litro que se está aplicando desde el pasado 1 de abril, ya que considera que la redacción de la norma "es tan deficiente que admite interpretaciones".

Además, pide "un interlocutor válido" por parte de la Administración que pueda tomar decisiones ejecutivas, a pesar de que, hasta ahora, "la interlocución ha sido excelente, pero poco o nada operativa".

Igualmente, advierte de que sigue habiendo problemas a la hora de solicitar los anticipos, para lo que estima "urgente" que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico habilite una línea telefónica de asistencia durante todo el día "en la que se atiendan caso a caso estas incidencias y se ofrezca solución a las pymes del sector".

La patronal también subraya que las estaciones de servicio necesitan disponer de una guía práctica de aplicación que les ayude a realizar las liquidaciones, "de manera que se eviten errores que posteriormente desemboquen en una denegación de la liquidación".

En este sentido, calcula que hasta el momento cada estación de servicio está adelantando, de media, más de 1.000 euros para cumplir con esta medida, pero a la hora de hacer las liquidaciones "se estarán jugando un promedio de entre 30.000 y 40.000 euros por instalación".

Adicionalmente, señala que el propio Real Decreto-Ley 6/2022 estipula que "transcurrido el plazo de un mes, contados desde el fin del plazo para la presentación de la solicitud de devolución, sin haberse efectuado la devolución, la solicitud podrá entenderse desestimada", considerando que esta redacción sitúa en "una situación de indefensión a las estaciones de servicio, que no tendrán capacidad de saber si la Administración les reintegrará los descuentos que vienen aplicando".

Ayudas directas para los costes

Asimismo, CEEES considera que esta medida, adoptada unilateralmente por la Administración, está haciendo incurrir a las estaciones de servicio "en unos gastos extraordinarios que vienen a sumarse al quebranto económico que significa tener que adelantar los 20 céntimos por litro vendido".

Para ello, advierte de que las empresas del sector necesitan ayudas directas para cada estación de servicio que "contribuyan a costear los costes extraordinarios en los que están incurriendo para cumplir esta medida (informáticos, de asesoría legal, fiscal y contable, administrativos, etc.)".