¡Quién lo iba a decir! Que sobraba energía eléctrica lo sabíamos, pero que llegaríamos a desmontar centrales térmicas en plena vida útil, nadie, ni los más viejos del lugar, podían llegarlo a imaginar. ¡Qué desatino de país de nuevos ricos! Porque, solo los nuevos ricos son capaces de cometer semejantes desatinos.
Cierto es que, la filosofía subyacente en el principio regulatorio del libre establecimiento de las inversiones en activos calificados como pertenecientes a actividades liberalizadas, y tal es el caso de la generación eléctrica, implicaba que el riesgo pertenecía en su totalidad al inversor que, en plenas facultades y conocimientos de los riesgos a los que se enfrentaba, asumía cualquier contingencia a que el activo se viese sometido a lo largo de su vida útil.
Conocedores de este principio regulatorio, los inversores decidieron más de 25 mil MW en centrales eléctricas térmicas utilizando gas natural en los conocidos ciclos combinados. No fueron solo los clásicos agentes reunidos en la patronal española UNESA sino que también se atrajo inversión procedente del exterior.
Mientras esta inversión se estaba llevando a cabo, con el pleno conocimiento de la administración competente, el Ministerio de Industria y del regulador independiente, en su origen la CNE y actualmente la CNMC, aparecieron con toda la fuerza que les brindó la discriminación positiva y las señales económicas de sus primas, un parque de energía de origen renovable que desplazó el despacho de los ciclos combinados.
De las 6.000 horas del funcionamiento previsto en sus planes de negocio de los ciclos, se ha pasado a menos de 1.000. Solo se necesitan los ciclos combinados para cubrir la demanda en aquellos escasos momentos en los que las energías renovables no aportan su oferta adecuadamente.
El Gobierno del Estado español le ha concedido en régimen de monopolio la operación del sistema eléctrico a Red Eléctrica de España, por cierto como ocurre en la mayoría de los 28 Estados de la Unión. A través de este encargo, le corresponde al Operador decidir si una determinada central es imprescindible o no para la correcta cobertura de la demanda eléctrica. Y aquí viene la paradoja.
Un inversor que hace algunos años decidió invertir en una central generadora tomando todos los riesgos a su cargo, en el día de hoy se encuentra condicionado en su decisión de interrumpir sus operaciones por la gestión del Operador que tiene capacidad de vetar su decisión de desinversión. Efectivamente, es un riesgo sobrevenido que cabía haberlo tenido en cuenta pero, no es menos cierto que nunca en el pasado había sucedido nada que hubiese traído como consecuencia el deseo de cerrar el negocio.
Hay una clara asimetría entre los riesgos que deben gestionar las diferentes tecnologías. Los inversores que gestionan ciclos combinados se ven sometidos a los dictados de REE respecto a su despacho forzado cuando el sistema lo requiere. Si están ubicados en determinadas zonas, su deseo de cierre se ve abocado al fracaso si resulta agraciada con la calificación de imprescindible para cubrir la demanda en caso de poca producción eólica, fotovoltaica o termosolar.
Las tecnologías subsidiadas, a su vez, tienen también un memorial de agravios que se están ventilando en sedes judiciales y de arbitraje internacional contra el Reino de España. No desean cerrar, solo ingresar lo que creen que la regulación les prometió. Pero las renovables, que no quieren cerrar, no pueden cubrir la demanda en todo momento por su volatilidad y precisan de la potencia firme de los ciclos combinados, que quieren cerrar.
Y ya tenemos el dilema planteado. La regulación no emitió adecuadamente las señales de alerta y ha devenido en la sobreinversión existente en capacidad generadora eléctrica que nos ha conducido a una inevitable sensación de descontrol cuando no de mala gobernanza. Tenemos una estructura energética estructuralmente cara: un sistema gasista completo que alimenta ciclos combinados que funcionan solo al 10% de su capacidad y un sistema eléctrico que conecta con una oferta superior en más de 2,5 veces su demanda.
Los lógicos deseos de salir corriendo de los que en su momento invirtieron y ahora piensan mejor deshacer el camino, chocan con las barreras que de forma preventiva les impone el Operador del Sistema eléctrico. El tiempo lo arreglará todo, sin duda. El problema será sobrevivir en el mientrastanto.
Jordi Dolader es Senior Partner de MRC Consultants and Transactions Advisers y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
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Pues eso….hacia un modelo en donde pese más el “todo eléctrico”, el futuro, pero para eso hace falta amplitud de miras que no acierto yo a ver en un Ministro de la ínfima talla del Sr. Soria ni de su Secretario de Estado el Sr. Nadal, perdidos y ofuscados en la inmediatez del momento. Mientras no tengamos visión a más largo plazo que unas elecciones este pais está condenado a ir en el furgón de cola.
El pais precisa de repuestos de capital humano dirigente ya; estos que hay están rendidos al estátus actual y con el pensamiento igual de rancio que los políticos de finales del siglo XiX o principios del XX, el siglo XXI les está pasando por encima sin enterarse. Y lo peor es que existimos millones de cómplices que los sostenemos con el voto.