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China alerta ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el vertido de aguas de Fukushima

El ministro de Asuntos Exteriores chino ha advertido de las graves consecuencias en materia ambiental, sanitaria y de seguridad
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El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, intervino hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertando sobre el peligro de las aguas residuales vertidas desde la central nuclear japonesa de Fukushima, que según él puede tener graves consecuencias en materia ambiental, sanitaria y de seguridad.

"Cuando finalice la liberación se habrán vertido 1.300 millones de toneladas de aguas residuales con más de 60 tipos de radionucleidos, que no cuentan con una tecnología apropiada de tratamiento", advirtió el jefe de la diplomacia china en la jornada inaugural de la 52ª sesión del Consejo.

La postura de China con Fukushima

Qin también avisó de que estas aguas peligrosas habrán alcanzado todos los océanos del planeta en los próximos 30 años, por lo que pidió a Japón y el resto de la comunidad internacional tomar en serio los problemas que podrían derivarse de ese vertido.

Japón asegura que el vertido de aguas de Fukushima "es seguro"
El Gobierno de Japón aseguró este lunes que el vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi "es seguro".

Sobre la situación interna de China, el ministro defendió en su mensaje de vídeo al Consejo la buena convivencia con las minorías del país y acusó a "algunas fuerzas con segundas intenciones" de "intentar desviar la atención con respecto a las cuestiones de Xinjiang y el Tíbet en un intento de difamar nuestro país".

Además, defendió la situación en Hong Kong (que vivió sus mayores protestas prodemocracia en 2019) y aseguró que "se ha fortalecido como uno de los principales centros comerciales y financieros", viviendo ahora "una nueva fase donde se respetan los derechos y libertades de sus ciudadanos".

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"El mayor derecho humano es para nosotros lograr la felicidad de los 1.400 millones de chinos", aseguró Qin, quien subrayó que el país ya ha logrado acabar con la pobreza extrema y ha concluido "la construcción de una sociedad medianamente acomodada".

Sin aludir a otros gobiernos, Qin afirmó que "ningún país puede arrogarse ser el juez de los derechos humanos de los demás ni usarlos como pretexto para inmiscuirse en los asuntos de otros países o retrasar su desarrollo".

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