Cs reclama que empresas y autónomos puedan cambiar su contrato eléctrico sin sanción, si hay restricciones

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso que empresas y autónomos vuelvan a poder cambiar su potencia contratada en el suministro eléctrico sin verse sometidas a penalización mientras se mantenga la vigencia del estado de alarma o se decreten medidas que impidan total o parcialmente su actividad.

Así figura en una moción que se votará en el Pleno del Congreso la semana del 9 de marzo y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz energética de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez Granados, dirigió el pasado miércoles a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La formación naranja reconoce los beneficios de esta medida aplicada en las primeras semanas de pandemia, pero con el fin del primer estado de alarma decayó y el Gobierno declinó recuperarla con la segunda ola del coronavirus. En la interpelación, Ribera explicó que no veía "sostenible" mantener en el tiempo esta ayuda y apostó por otras medidas para rebajar la factura de electricidad.

Junto a esta reivindicación, Cs incluye en su moción una batería de actuaciones para "atajar los desafíos estructurales de los sectores económicos con pronunciada estacionalidad en su demanda energética".

REGULAR LA POTENCIA ESTACIONAL Y EXTENDERLA A MÁS SECTORES

Concretamente, llama al Gobierno a aprobar en el menor plazo posible un reglamento para permitir que los contratos de acceso para el regadío puedan disponer de dos potencias diferentes de 12 meses, una disposición ya prevista y aún pendiente de la Ley del Sector Eléctrico de 2013.

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También ampliar la posibilidad de contratación de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses a otros ámbitos de los sectores agrícola y turístico que también presenten una "muy pronunciada estacionalidad" en esta demanda eléctrica.

Finalmente, piden un informe para, en un plazo no superior a un año, identificar otros sectores con alta estacionalidad en el consumo de energía, estudiar la viabililidad técnica y económica para habilitar la contratación de dos potencias diferentes en su caso y proponer medidas alternativas para garantizar su competitividad y el potencial impacto en el coste de la factura de estos consumidores.