¿Cuándo vencen las concesiones de las centrales hidroeléctricas?

La escalada de precios de este año en el mercado mayorista de la electricidad ha reactivado viejos debates sobre el sistema eléctrico. Uno de ellos es la creación de una empresa pública estatal que explote las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando. Sin embargo, ¿Cuándo se extinguirán estas licencias?

La información disponible sobre las concesiones hidroeléctricas es opaca, fragmentada y, en muchas ocasiones, contradictoria. Sin embargo, el autor de este artículo ha recopilado en una base de datos información sobre más de 250 centrales hidroeléctricas de las 800 que hay en España. Estas 250 representan 16.734 MW de potencia instalada de un total de 17.792, lo que significa el 94,2% del total de la potencia hidroeléctrica en España. Pueden acceder a la base de datos a través de este link.

En términos de potencia, la mayoría de las grandes centrales de la base de datos se encuentran en las cuencas del río Duero y el Tajo. Por eso, las comunidades autónomas que acaparan un mayor porcentaje de capacidad hidroeléctrica sobre la total de España son Castilla y León con un 23,5% y Extremadura con un 22,7%. Seguidas de Galicia (14,5%), Comunidad Valenciana (9.9%) y Aragón (8.2%). Mucho más atrás se encuentran Castilla-La Mancha (4,1%), Andalucía (3,8%) y Asturias (2.4%).

Prácticamente todas las centrales hidroeléctricas de España necesitan de una concesión administrativa desde el momento en el que se inicia su construcción. El Estado permite el uso privado de las aguas (que es un bien público) y de los terrenos en los que se va a construir la infraestructura. A principios del siglo XX, las concesiones comenzaron a otorgarse de manera temporal con un máximo de 99 años. Y en 1985 ese límite se redujo a 75 años. Tal y como dice la Ley de Aguas, tras esos años las concesiones “revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.” (Artículo 53.4).

Actual situación

La mayoría de las centrales hidroeléctricas fueron construidas en los 50 y los 60. Así que en esta década empezará a crecer el número de concesiones que expiran. La primera gran generadora de estas será la de Villalcampo en Zamora (206 MW) que lo hará en 2024. En la década del 2020 al 2029 está previsto que un total de 865 MW puedan revertir al estado. Lo que significa el 5% del total de la potencia hidroeléctrica en España. Esto representaría únicamente el 0.5% de la capacidad del sistema español si se cumplen las previsiones de tener 161 GW en 2030 tal y como contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

No será hasta 2040 cuando comiencen a expirar los permisos de las centrales más grandes de España. Entre 2040 y 2045 las centrales de Aldeadávila (1243 MW), Ricobayo (291 MW), Almendra (857 MW) y Alcántara (957 MW) podrán ser revertidas a las administraciones. En 2050, las instituciones públicas podrían controlar un total de 10,4 GW. Esto sería en torno al 6.4% del total de la capacidad española si tomamos como referencia los 161 GW planeados del PNIEC. Aunque este es un caso muy improbable. Pues los modelos pronostican que la potencia instalada para 2050 podrá llegar a ser entre 238 y  248 GW. En ese caso, en 2050 una hipotética empresa hidroeléctrica estatal podría llegar a controlar cerca del 4,3% de la potencia instalada en el sistema. Eso sí, si no se producen prórrogas.

En multitud de ocasiones en el pasado, estas concesiones se han ido prorrogando de forma opaca. Legalmente, las empresas explotadoras deben justificar el motivo de la extensión de la concesión. Por ejemplo, la de la central de Ricobayo en Zamora debía expirar en 2010 (tras se cedida en 1926), pero la entonces Iberduero realizó una ampliación de la instalación en los 90, y fue prorrogada hasta 2040. Es lo que muy probablemente ocurrirá con La Muela II en Valencia, la central hidroeléctrica más grande de España. Aunque su concesión inicial expire en 1963, Iberdrola invirtió 350 millones de euros para doblar la potencia de la infraestructura. Por lo que llegado el momento la concesión será ampliada. Las prórrogas no siempre han sido tan claras. Tal y como explicó a El Confidencial Fernando Prieto, coautor del informe del Observatorio de Sostenibilidad, muchas de estas se han llevado a cabo en total opacidad, sin información pública.

Este tipo de extensiones han sido la norma hasta muy recientemente. Sin embargo en 2013, La Confederación Hidrográfica del Ebro comenzaba a explotar la central del Pueyo de Jaca (14 MW). Fue el primer caso de una concesión expirada que acababa siendo explotada por una empresa pública. Desde entonces, cuatro centrales más se han quedado bajo el control de la confederación. Hasta ese momento, las administraciones habían preferido otras opciones: ya hemos mencionado la extensión o prorrogación a la empresa explotadora. Pero también sería posible la presentación de un concurso público para asignar la concesión a otra empresa que haga una mejor oferta. Lo cual seguramente aumentaría el canon que cobran las administraciones por el uso del agua que hacen las centrales. Es lo que el Estado plantea hacer con la central de Villalcampo y también con la de los Saltos de Castro (190 MW) que caduca en 2028. La última opción sería el desmantelamiento de la central por motivos medioambientales. De las 21 concesiones caducadas desde enero de 2020, el gobierno ha ordenado desmantelar 12 de ellas.

En definitiva, esta será una década importante para la energía hidroeléctrica en España. Aunque no muy relevantes en términos de potencia, lo que se haga con las concesiones revertidas estos años determinará el futuro de las centrales más grandes cuyos permisos caducarán más adelante. Parece ser que los defensores de la nacionalización están encontrando ejemplos pioneros de gestión pública, especialmente en la cuenca del Ebro. Pero todo indica a que el estado seguirá concediendo la explotación privada de estas centrales, sea a través de prorrogaciones de viejas concesiones o por concursos de nuevos permisos. Sin embargo, una empresa pública hidroeléctrica no será influyente para el mercado eléctrico hasta dentro de veinte años. De igual manera, el público se merece mayor transparencia en relación al estado de las concesiones hidroeléctricas. Especialmente porque se trata de la explotación de un bien público como es el agua.

Pavlo Atlas es autor de la base de datos sobre el vencimiento de las concesiones hidroeléctricas en España.