Desafíos de la electromovilidad: ¿Cuándo superaremos el atasco en la movilidad sostenible?

Analizar el avance de la movilidad de cero emisiones en España es esencial en estos tiempos en los que la transición hacia modelos de movilidad más limpios y respetuosos con el medio ambiente es una realidad innegable en todo el mundo, aunque a diferentes ritmos. Las urbes deben adaptarse y satisfacer las nuevas necesidades, mientras enfrentan otros desafíos importantes, como la recuperación económica y la lucha contra el cambio climático a través de modelos más sostenibles.

En este contexto, la movilidad eléctrica gana un espacio de destaque en nuestra sociedad, con un papel de facilitador de la transición, capaz de reducir la congestión del tráfico, ajustarse a las nuevas tendencias de consumo responsable y posicionar el coche eléctrico en el centro de un cambio de paradigma que va mucho más allá de la movilidad.

En España, la adopción del coche eléctrico se mueve a marcha lenta, pero constante. Los vehículos eléctricos se están convirtiendo en una opción cada vez más popular entre los consumidores y los datos nos avalan: las matriculaciones de vehículos eléctricos –tanto modelos 100% eléctricos como híbridos enchufables- acumulan un crecimiento de casi del 47% en 2023, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE). Son cifras importantes, pero todavía insuficientes.

Objetivo lejano

Por otro lado, el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos hasta 2030. Una meta que, hoy por hoy, parece inalcanzable y, según los estudios de AEDIVE, sería necesario unos 700 mil nuevos registros de eléctricos cada año hasta 2030 para llegar a nuestra meta. En 2023, registramos poco más de 139 mil nuevas unidades.

Y es que llegar a este lejano objetivo depende, en gran medida, de superar uno de los principales obstáculos que enfrenta la movilidad sostenible en nuestro país: la falta de infraestructura pública de carga. Con un parque actual de poco más de 465 mil vehículos eléctricos en nuestro país, no cabe duda de que las compañías energéticas, administraciones públicas y empresas privadas tenemos un largo camino para llegar al objetivo marcado.

Ahora, a este escenario que ya nos posiciona en el vagón de cola de la movilidad eléctrica en Europa, sumamos otra realidad que evoluciona a marcha aún más lenta: el despliegue de la infraestructura pública de carga en España. Según datos publicados por AEDIVE, cerramos 2023 con 30.350 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos en España. Esta cifra representa un crecimiento de 41% frente a 2022, pero todavía muy lejos de los 100.000 que se habían establecido como objetivo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para el cierre de 2023. Y son justo estas cifras las que alimentan uno de los temores más mencionados por los conductores a la hora de decidir si adquirir un vehículo eléctrico: la dificultad en encontrar puntos de carga públicos, tanto en el entorno urbano como en autopistas.

Red de carga

La falta de una red de puntos de carga extensa y fiable -en 2023, teníamos unos 6.800 puntos de carga públicos inoperativos en España- se suma a los atascos burocráticos para la obtención de una licencia de instalación de puntos públicos. Actualmente, los operadores de puntos de carga, o CPO, por sus siglas en inglés, denuncian que hay una espera que puede variar de los 10 hasta los 36 meses para desplegar una red de puntos en una zona pública en España. No cabe duda de que los trámites son complicados y poco ágiles, que suponen una traba más en el proceso de desarrollo de la movilidad sostenible, ralentizando el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en nuestro país.

En este contexto, la lentitud e ineficiencia de los procesos administrativos en España no afectan sólo a los conductores, actuales y futuros, de vehículos eléctricos. Suponen, además, un riesgo a la entrada de inversión en nuestro país, pues el persistente atasco en la tramitación de puntos carga puede provocar una fuga millonaria de inversiones -en 2022, fueron más de 220 millones de euros- hacia países que presenten menos trabas burocráticas y más facilidades a los operadores para implementar su negocio y obtener retorno por la inversión hecha, como son nuestros vecinos Portugal y Francia.

A pesar del crecimiento constante en las matriculaciones de vehículos eléctricos, aún estamos lejos de alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el PNIEC. La lentitud en los procesos administrativos no solo afecta a los conductores, sino que también representa un riesgo para la inversión en el país.

Colaboración público-privada

Para superar estos desafíos y acelerar la transición, es crucial una colaboración estrecha entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Se requieren procesos más claros, sencillos y ágiles para la instalación de puntos de carga, así como una inversión en infraestructura que garantice una red de carga de calidad en todo el país. Nos urge trazar una hoja de ruta clara que facilite la transición hacia el vehículo eléctrico, aumente la disponibilidad de potencia eléctrica y fomente el uso de energías renovables para garantizar la independencia de la red eléctrica.

En definitiva, el desafío es enorme, pero con un enfoque colaborativo y acciones concretas, España puede salir del pelotón de cola en la electrificación del transporte y convertirse en un líder en movilidad eléctrica en Europa, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía del país.

Iván Tallón es country manager Iberia de Wallbox.