Desarticulada una organización criminal que defraudó 184 millones de IVA en el sector de los hidrocarburos

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con el apoyo de Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales, por las que habrían defraudado 184 millones de euros.

Según han informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, la operación 'Quíone' dirigida por la Audiencia Nacional se saldó con once personas detenidas y otras ocho investigadas, así como un total de 19 diligencias de entrada y registro.

Asimismo, ha permitido incautar siete millones de euros en criptomonedas y se ha procedido a la solicitud de bloqueo de 19 millones de euros más.

También se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, en torno a 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos a motor.

Fraude

El informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuantificó el fraude perpetrado por esta organización criminal en 184 millones de euros, el cual se habría cometido en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.

La Guardia Civil ha asegurado que la organización criminal utilizaba un "amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada con la finalidad de perfeccionar el fraude". Para ello, usaban empresas meramente instrumentales con las que, además de procurarse el éxito de la operativa delictiva, dificultaban su detección.

Estas empresas trasladaban facturación y combustible adquirido simulando tener una actividad legal. Por otro lado, y dentro de la misma arquitectura empresarial, se encontraban las sociedades destinadas a acumular cuotas de fraude, es decir, cuya finalidad era no abonar las cuotas de IVA al erario, eludiendo así el pago de este impuesto.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que autorizaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real.