Varios directivos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) han cobrado por encima de lo permitido por la normativa tras la integración de estos organismos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a resultas de los retrasos en la adaptación de sus contratos.
Así lo denuncia el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' de los años 2012 a 2014, que recoge Europa Press.
Según se recuerda en dicho documento, a partir de noviembre de 2013 las retribuciones básicas tanto para la CNE como para la CMT se fijaron en 70.000 euros anuales, con un máximo de 42.000 euros para complemento del puesto y 28.000 euros para el variable, con un máximo total de 140.000 euros por ejercicio. Además, se limitó a entre tres y diez el número de altos directivos permitido en cada uno de esos reguladores.
Sin embargo, la CNE no adaptó su estructura directiva y, cuando se extinguió en septiembre de 2013, tenía vigentes 17 contratos de alta dirección, catorce de los cuales no cumplían los requisitos necesarios para tener esa naturaleza, tal y como ya había advertido en 2005 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que consideraba que la relación laboral de los subdirectores debía ser de naturaleza común.
Pese a todo, trece directivos que no tenían adaptada su relación laboral a la normativa aplicable se incorporaron de la CNE a la CNMC. Y a finales de 2014 seis de ellos seguían sin haberse adaptado a pesar de que "ninguna de esas personas ejercían funciones directivas" en el 'superregulador'.
Como consecuencia de esta situación, cuatro de esos directivos percibieron todavía en 2014 retribuciones superiores a los 109.000 euros, superiores al límite de 100.000 euros fijado para los directores de instrucción a los que serían equiparables.
En abril de 2015, la CNMC desistió de la relación de alta dirección de tres de ellos para reingresarlos en puestos de subdirección con contratos laborales ordinarios, con lo que sus salarios pasaron a estar entre los 80.000 y los 83.000 euros anuales.
El cuarto afectado, que debía traspasarse al Ministerio de Industria, seguía en la Comisión de los Mercados y la Competencia a finales de 2015, señala el Tribunal de Cuentas, cobrando lo mismo ya que aún no se había modificado la naturaleza jurídica de su relación laboral.
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