Ecologistas en Acción acudirá a los tribunales si el Gobierno autoriza la prórroga solicitada por la central nuclear de Santa María de Garoña e informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear, ha informado el portavoz del grupo ecologista para asuntos nucleares, Francisco Castejón.
En declaraciones a Efe, Castejón ha afirmado que el proceso que se ha seguido en la tramitación de la prórroga tiene "tantas debilidades" que abre el camino para un posible recurso contencioso, tanto a los grupos contrarios a la reapertura de la planta como a la empresa propietaria.
El principal escollo que aprecia en todo este proceso es el proceso de alegaciones, que en su opinión se ha desarrollado sin las debidas garantías y cuyo plazo finaliza hoy, aunque Ecologistas en Acción dispone aún de dos días más porque recibieron la notificación con retraso.
Castejón recuerda que la información pública se debe realizar con un acceso sencillo y gratuito al expediente, lo cual "no se cumple en el caso de Garoña" porque la documentación no está en soporte digital y su consulta es de una gran complejidad, ya que se trata de documentos en papel que ocupan toda una sala del Ministerio de Industria donde solo se puede consultar de forma presencial.
Además, considera que se puede recurrir el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) porque se aprobó pese a que Garoña no había cumplido las condiciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el propio CSN.
El portavoz para asuntos nucleares de Ecologistas en Acción cree que "no sería comprensible que el Gobierno autorizara la prórroga" pese a la posición contraria de la mayoría de las comunidades autónomas afectadas; a las dudas de la empresa Nuclenor, propietaria de la planta nuclear; y a la demostración de que Garoña, que es una planta ya amortizada económicamente, no es imprescindible para el sistema eléctrico español dado que lleva parada desde diciembre de 2012 y no se ha producido ningún problema de suministro.
Cree que la única razón por la que continúa adelante la tramitación de la prórroga hasta los sesenta años, solicitada por los propietarios de la planta, es que sea un precedente para el resto del parque nuclear español, que tendría más fácil obtener una prórroga similar.
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