Economía política de las centrales nucleares

El cierre definitivo de la CN de Garoña ha puesto en primer plano de la actualidad la necesidad de una estrategia nacional en relación a nuestro parque de generación nuclear. El debate lleva ya bastantes meses abierto en realidad, marcado por posturas enfrentadas entre los principales operadores (copropietarios de las instalaciones) sobre el futuro de esta tecnología en el mix eléctrico nacional y un sorprendente silencio desde el Gobierno.

Para poner en contexto a aquellos lectores menos involucrados, el parque nuclear español va camino de cumplir 40 años y de acuerdo con nuestras regulaciones, es necesario pasar un proceso de, llamemos para entendernos “certificación por los técnicos”, para extender su vida operativa.

Este asunto no es nuevo en otros países. La diferencia es que aquí llega más tarde porque la construcción de las centrales se hizo también más tarde (entre los 70 y los 80).

Lo que quizás es diferencial es el derrotero del debate, que hasta ahora se ha centrado exclusivamente en la “rentabilidad” de acometer o no la extensión de la operación de las instalaciones. La certificación técnica es condición necesaria, pero no suficiente, para que las centrales funcionen más allá de estos 40 años a punto de cumplirse.

Algún operador pone ya el parche antes que la herida, argumentando que el negocio en la actualidad no es solo poco rentable, sino incluso ruinoso porque no ha podido recuperar la inversión realizada en los activos. Y echa la culpa a la administración por recargar con impuestos y tasas a las centrales nucleares (impuestos que por cierto gravan al resto de las tecnologías de generación).

Si esto es así, hacer un esfuerzo de inversión adicional (requerido por los técnicos) para extender la operación en 10 ó 15 años adicionales, no valdría la pena desde el punto de vista financiero. Y por tanto estaríamos abocados a un cierre progresivo del parque nuclear a lo largo de la próxima década. Curiosos amigos se hacen a veces en el camino, por cuanto en este asunto las empresas y mucho sectores políticos no precisamente pro-empresariales se dan la mano para pedir el cierre de las nucleares por su falta de seguridad y sostenibilidad medioambiental.

En nuestra opinión, este planteamiento del debate es por un lado estrecho y limitado en su alcance, y por otro adolece de falta de transparencia por cuanto la información que justifica los argumentos financieros no se ha publicado.

Hecho #1: la energía de origen nuclear representó el 22% de la cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2016 (datos REE). No es fácil sustituir este volumen de energía en el sistema y menos considerando su carácter de tecnología de base; por mucho que nos empeñemos, con el grado de avance la tecnología, hoy sólo el carbón podría asimilarse para cumplir ese papel.

Hecho #2: la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero. El debate sobre la continuidad de la energía nuclear no puede abstraerse ni de la estrategia de lucha contra el cambio climático, ni de la estrategia nacional de transición energética, uno de cuyos principales ejes debería ser la plena descarbonización del mix.

Evidentemente la energía nuclear NO es sostenible medioambientalmente, pero ante los temas (reales y sin resolver) del almacenamiento de residuos y el coste del desmantelamiento de las instalaciones, extender en 10-15 años la operación no va suponer ningún incremento dramático de costes o de agravamiento de los problemas.

Hecho #3: las centrales nucleares españolas tiene un track record de seguridad innegable y hasta envidiable. Obviamente hay riesgos asociados a la operación de las centrales nucleares, nadie los niega; pero hasta ahora hemos convivido con ellos y si se hacen las oportunas inversiones, el perfil de riesgo no tiene que sufrir ningún empeoramiento.

Debemos por tanto ampliar el marco del debate y también extenderlo al resto de la sociedad, ya que los temas expuestos (cambio climático, modelo y transición energética, riesgos…) trascienden el puro aspecto de la rentabilidad y los (¡legítimos!) derechos de unos accionistas hoy propietarios de las instalaciones.

El liderazgo político para conducir y gestionar el debate es insoslayable porque el los beneficios de las decisiones que se adapten van más allá del color en rojo o negro de la línea final de una cuenta de resultados: deberán tener en cuenta el impacto sobre el conjunto de nuestra economía y sociedad. Además en el asunto de la rentabilidad de las instalaciones echamos de menos más transparencia. Estudios de parte y declaraciones de las compañías han abundado en los últimos meses, todos coincidiendo en lo ruinoso del negocio. Pero números y cifras sobre las que poder hacer un análisis fundamentado se han visto pocas.

Se necesitaría para empezar, una auditoría independiente de la situación financiera real de las instalaciones y no simplemente contable: las asignaciones de costes, niveles de apalancamiento financiero o los efectos de las innumerables revalorizaciones fiscales de activos aprobadas en los últimos 30 años pueden muy bien derivar en una fea foto contable de la cuenta de resultados y el balance… lo que no quiere decir que financieramente la inversión haya sido más que rentable y las inversiones hayan sido plenamente recuperadas a estas alturas.

El otro tema es quién y cómo podría tomar la decisión de un posible phase out nuclear. Los inversores ponen sus recursos en aquellos proyectos que les resultan atractivos por rentabilidad y riesgo. Si la opción de extensión de la vida operativa de las nucleares no casa con esas expectativas, es sin duda legítimo no aportar nuevos recursos.

Pero ello no debe condicionar que otros inversores con distintas expectativas de rentabilidad sí puedan estar dispuestos a tomar el riesgo, si se ha establecido que además existe un beneficio social y económico en esa extensión del funcionamiento del parque nuclear.

Es interesante en este sentido observar los resultados de la última subasta de renovables (26 de julio), en la cual se pudo constatar que hay mucho capital dispuesto a obtener retornos esperados de la inversión muy inferiores a los dos dígitos, pero que no son aparentemente los deseados por los accionistas de algunas grandes compañías que se han quedado fuera de la misma.

En definitiva, el debate abierto sobre el futuro del parque nuclear nacional no puede bascular sobre la decisión financiera de los actuales operadores de los activos.

Por el contrario, debe insertarse en una discusión más amplia sobre las estrategias de lucha contra el cambio climático y el modelo de transición energética, y considerar los efectos sobre el bien común social y económico, además del puramente financiero.

Es necesario un fuerte liderazgo político estratégico y de Estado en este debate, involucración de todas las partes, análisis fundamentado y mucha transparencia en la información, la forma de estructurar ese debate y los objetivos a conseguir en el corto, medio y largo plazo.

Benito Vera, Partner en Inveniam Group