El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha señalado este viernes que España cuenta con una infraestructura gasística "muy potente", que podría convertir al país en 'hub' de abastecimiento de gas a Europa, tras el impacto del conflicto bélico en Ucrania por la invasión de Rusia.
Durante la jornada 'Looking at the future. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', organizada por EY, el secretario de Estado ha explicado que España cuenta con una infraestructura de aprovisionamiento de gas que está diversificada y depende poco de las importaciones de gas y de petróleo de Rusia.
Además, García Andrés ha señalado que el país cuenta con una infraestructura gasística "muy potente", tanto en plantas de regasificación, como en infraestructura de transporte, lo que aminora su exposición económica al impacto del conflicto en Ucrania. "España, dentro de las economías europeas, es de las menos expuestas directamente a las consecuencias de la invasión", ha asegurado.
Pese a esto, García Andrés ha reconocido que el elemento de impacto más directo para España por este conflicto es el de la energía, por lo que ha defendido la actuación unitaria desde la Unión Europea para regular el mercado, así como las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar el impacto del alza de precios de la electricidad en las facturas de ciudadanos y empresas.
Este incremento exponencial del precios de la energía ha impactado severamente en la inflación, que se situó en el 7,6% en febrero, según el dato publicado este mismo viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Aunque el secretario de Estado ha asegurado que la recuperación económica que venía mostrando España en estos últimos meses "no se va a descarrilar" por el impacto del conflicto en Ucrania, ha insistido en realizar esfuerzos para atajar estas "anormales" tasas de inflación.
Para García Andrés, es "fundamental" poner límite al precio del gas y cortar la vinculación directa del precio del gas y la electricidad, al tiempo que se impulsa un pacto de rentas entre los agentes sociales, que dé "confianza y estabilidad" con un "horizonte más largo, de tres o cuatro años" sobre la evolución de los salarios y las rentas del capital.
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