1 comentario publicado

El barco de la eólica marina en España acaba de zarpar. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el proceso de consulta pública del Real Decreto que establecerá el marco normativo de su desarrollo. A partir de ahí comenzará una travesía que debería llevarnos a instalar hasta 3 GW de energía del mar para el año 2030.

Alcanzar estos 3 GW será un hito en la descarbonización de nuestra economía y traerá nuevas oportunidades para las zonas costeras, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Podemos crear hasta 10.000 empleos en 5 años, la mayor parte a nivel local, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Las empresas y la ciudadanía local tienen mucho que ganar, sobre todo en un país donde gran parte de su población reside en sus costas. Ahora, todo depende de las decisiones que tomemos en los próximos meses.

Licencia social, la mejor receta contra la oposición a los proyectos

La oposición local será sin duda uno de los mayores retos. Con el añadido de que nunca hemos visto molinos en el mar. El miedo a los cambios, y en muchas ocasiones el desconocimiento, han sido ingredientes habituales en el movimiento antirrenovable.

Sin embargo, el mayor coste sería no actuar. Uno de los factores que pone en riesgo la forma de vida en las costas y profesiones tradicionales es precisamente el cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que, al ritmo actual de calentamiento global, más de un tercio de las especies marinas podrían desaparecer para 2050, con el impacto que esto tendría para actividades como la pesca. Es por ello, que no podemos permitirnos parar. Nuestros esfuerzos deben estar centrados en lograr que los proyectos dejen un saldo positivo y contribuyan al bienestar social.

Lo bueno es que partimos con ventaja. Hemos aprendido mucho del despliegue renovable en tierra (eólica y solar). Cada vez hay mayor conciencia de que para que los proyectos salgan adelante, lograr la licencia social (el respaldo de la población), es tan necesario como lograr las licencias legales. Genera oportunidades locales y es la mejor receta contra la oposición social. Por eso gobiernos y empresas están remando ya en esa dirección.

La eólica marina nos brinda otra ventaja. Para desplegar 3 GW en el mar vamos a necesitar muchas menos instalaciones que para desplegar 85 GW en suelo (y llegar a los 160 GW renovables que plantea el PNIEC). Esto anima a ser especialmente cuidadosos con los proyectos que desarrollamos, garantizando que son los mejores posibles para los territorios. Debemos exigirnos la urgencia que la transición ecológica necesita y la atención que las comunidades locales merecen.

Desde el sector existe la voluntad de hacer las cosas bien: numerosos promotores se han comprometido a tener en cuenta el impacto social en sus proyectos. Lo cierto es que algunos llevan meses hablando con los colectivos locales y regionales para escuchar sus demandas. Ahora, este trabajo podría caer en saco roto si la nueva regulación prioriza lo económico y deja de lado lo social.

Debemos asegurar por ley el impacto positivo de los proyectos

Los concursos (que se publicarán próximamente) deben garantizar que los beneficios sociales sean una parte central de los proyectos. Si no se les da peso en los criterios de valoración, corremos el riesgo de crear efectos no deseados. Los promotores que dediquen esfuerzos y recursos a generar valor en el territorio difícilmente igualarán la oferta económica de los que no lo hagan. Ganará la mejor propuesta económica, pero no sabremos cuál será el impacto de los proyectos y cargaremos de razones a quienes dicen que no se escucha a la población.

La realidad ha demostrado que si no se tiene en cuenta el componente social y no se hace pedagogía muchos proyectos terminan retrasándose (e incluso paralizándose) por esta oposición. Hasta ahora la búsqueda de esta licencia social era una iniciativa particular de las empresas promotoras. Las futuras subastas de eólica marina son una oportunidad para que se convierta en un requisito legal, que dé una garantía a los ciudadanos y asegure el éxito de los proyectos.

Por otro lado, comprobamos que cada vez son más los ciudadanos que quieren participar en el despliegue renovable y obtener un retorno económico. Varios proyectos se han financiado parcialmente mediante las aportaciones de residentes locales y han repartido parte de sus beneficios con ellos. Pero para que esta participación sea exitosa se necesita un despliegue pacífico que haga que los ciudadanos quieran ser partícipes de los proyectos.

Por su parte, los gobiernos regionales también pueden empujar para que los proyectos tengan un impacto positivo en sus territorios. En Galicia, se está trabajando para establecer vías rápidas de tramitación para aquellos que cumplan varios criterios sociales. En Canarias, se va a crear un Observatorio de Eólica Marina que propondrá soluciones consensuadas por todos los implicados. En Cataluña, la empresa pública L'Energètica ha anunciado que participará en los proyectos que garanticen mayores beneficios sociales. La eólica marina debe entrar en ese compromiso.

Nos jugamos el futuro de nuestras costas

En las próximas semanas decidiremos cuál es el futuro de la eólica marina y qué tipo de proyectos queremos para nuestras costas. Para seguir avanzando en la transición energética es importante que nos subamos a este barco. Pero aún más, conseguir entre todos, que este viaje nos lleve a buen puerto.

Nacho Bautista es CEO de Fundeen.

Noticias relacionadas

Un comentario

  • David B

    David B

    06/03/2024

    También es adecuado llevar los consumos a las zonas de generación, no traerlos a un sumidero energético como es Madrid. Va por los cetros de datos, que además podían ir sumergidos o junto al mar disipando calor con mucho menos gasto energético.

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios

Este sitio web está protegido por reCAPTCHA y la Política de privacidad y Términos de servicio de Google aplican.