El apagón de oportunidades que desaparecen para los consumidores

Durante semanas, el sector energético español estuvo pendiente de una señal que no llegó. Todo apuntaba a que el Congreso de los Diputados aprobaría el Real Decreto-ley 7/2025 con medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. Un paquete normativo que respondía a los desequilibrios vividos durante el apagón del 28 de abril y que pretendía sentar las bases de un nuevo modelo más seguro, flexible, resiliente y eficiente.

Sin embargo, la medida se ha quedado en el camino y lo que podría haber sido un punto de inflexión se ha transformado en una oportunidad perdida, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, cada vez más expuestas a la volatilidad del mercado energético.

Un sistema que sigue operando en modo seguro

El propio Gobierno ya había reconocido que el sistema eléctrico continuará operando en “modo seguro” durante al menos los próximos dos o tres años, es decir, en una situación de vigilancia constante ante posibles fallos estructurales. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una auditoría técnica sobre las causas del apagón, este análisis tardará al menos 18 meses. Mientras tanto, la ausencia de nuevas herramientas normativas frena el impulso que el sector necesita para modernizarse.

El borrador del Real Decreto-Ley planteaba reforzar el papel del operador del sistema, mejorar el control de la tensión e introducir mecanismos para anticipar riesgos y acelerar el acceso a la red para nuevas instalaciones renovables. Ninguna de estas medidas verá la luz, al menos por ahora. La consecuencia directa es que seguimos sin resolver cuellos de botella que limitan la entrada de energía limpia al sistema y que amenazan la seguridad de suministro ante escenarios extremos.

Comunidades energéticas y autoconsumo: una barrera que sigue en pie

Entre las propuestas más esperadas se encontraba la ampliación del radio para el autoconsumo colectivo de dos a cinco kilómetros. Una medida sencilla en apariencia, pero con un impacto potencial enorme. Este cambio habría permitido que más viviendas, negocios o industrias participasen en comunidades energéticas, especialmente en entornos urbanos e industriales, donde las distancias dificultan la conexión con instalaciones fotovoltaicas.

La no aprobación del decreto frena esta democratización de la energía. Las comunidades energéticas, que empiezan a consolidarse como una alternativa real al modelo tradicional, siguen enfrentándose a barreras técnicas y normativas. Y muchas pymes pierden así la oportunidad de abaratar costes y ganar autonomía energética a través de estos modelos colaborativos.

Almacenamiento y flexibilidad: avances que se posponen

Otra medida relevante que quedará en suspenso es el impulso a la repotenciación e hibridación de instalaciones ya operativas, permitiendo, por ejemplo, añadir almacenamiento mediante baterías a plantas solares o eólicas. Esta posibilidad habría mejorado la flexibilidad del sistema, evitando vertidos de energía y reduciendo la necesidad de servicios de ajuste.

Aunque en los últimos meses se ha registrado una caída del coste de esos servicios, cerca del 40 % entre mayo y junio, este alivio puede ser solo temporal. El aumento de la demanda por las olas de calor ha repartido el coste entre más kilovatios, pero con la llegada del otoño y el descenso de la demanda, podrían regresar los picos de tensión. Sin mecanismos de almacenamiento o flexibilidad, el sistema sigue siendo vulnerable.

Asesoramiento y planificación: más necesarios que nunca

Lo más preocupante de esta situación es que deja a muchas empresas, especialmente a las pymes, sin herramientas para adaptarse a un mercado cada vez más complejo. La contratación de energía ya no es un simple trámite administrativo. Las tarifas fijas, antes sinónimo de estabilidad, pueden esconder sobrecostes. Las indexadas, más atractivas en contextos de calma, exponen a las empresas a subidas imprevisibles. Contar con asesoramiento especializado, entender el mercado y planificar con criterio es hoy más necesario que nunca.

Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado un listado de 65 actuaciones específicas para reforzar la red de transporte, con una inversión adicional de 750 millones de euros. Son medidas técnicas importantes, centradas en mejorar el control de tensión y la estabilidad. Pero sin un marco normativo que las articule y las acompañe, corren el riesgo de ejecutarse de forma dispersa o insuficiente, o simplemente de ser rechazadas por el Congreso de los Diputados.

Una señal que no llegó

Lo que estaba en juego con este Real Decreto-Ley no era solo una batería de medidas técnicas, era una señal. Una muestra de voluntad política para transformar un sistema eléctrico que necesita evolucionar con urgencia. Su ausencia lanza el mensaje contrario: que no hay consenso suficiente ni prioridad clara para abordar reformas estructurales.

En un contexto como el actual, donde los precios de la energía, la presión climática y la transformación digital avanzan al mismo tiempo, cada oportunidad desaprovechada tiene un coste real para el sistema, para la industria y, sobre todo, para los consumidores.

Álvaro Pérez González, responsable de Aletteo